| 22 de Septiembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Esperanza Aguirre: se despeja su calvario tras el mazazo judicial al PSOE.
Esperanza Aguirre: se despeja su calvario tras el mazazo judicial al PSOE.

Mazazo al PSOE: la Fiscalía acaba con años de linchamiento a Esperanza Aguirre

Anticorrupción tumba la brutal cacería de la izquierda contra los populares madrileños por la supuesta "caja B" y reclama al juez que archive la causa contra dos expresidentes de la CAM.

| Miguel Blasco España

Otro linchamiento de la izquierda contra el PP de Madrid que va camino de quedar en nada. Eso sí, con el coste político, personal y de prestigio que ha conllevado para los dirigentes populares colocados en la diana por el PSOE y asociados.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga si el PP de Madrid tenía una caja b con la que financió campañas electorales que levante la imputación de la expresidenta regional Esperanza Aguirre y de su sucesor Ignacio González, según han confirmado fuentes jurídicas.

Este informe del Ministerio Público era uno de los últimos trámites que quedaban por completar de cara a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 de Púnica, cuya investigación concluyó el pasado enero

La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una contabilidad paralela en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su exsecretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la Púnica, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la Operación Púnica, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.

De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.