La abogada de Vox que desquicia a Sánchez: el objetivo de la andanada de Batet

"Quien judicializa la política, politiza la Justicia". Esta controvertida frase de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, este lunes en su discurso con motivo del Día de la Constitución, ha desatado una enorme polvareda política al ser considerada una intromisión inoportuna e inaceptable de la jefa del Legislativo en la estrategia del PP en relación con la renovación del CGPJ.

Pero esta frase, "al dictado de La Moncloa", según denuncian a ESdiario fuentes de los tres partidos de la oposición, esconde además una andanada contra quien más daño ha hecho a Pedro Sánchez en estos últimos meses: los servicios jurídicos de Vox. Porque detrás de la de la declaración de ilegalidad de los dos estados de alarma y del cierre del Congreso por la pandemia hay un nombre: el de Marta Castro, la responsable legal del partido de Santiago Abascal.

No solo eso, Vox está detrás también de que se siga investigando el caso Neurona sobre la financiación de Podemos o de que se investigue en un juzgado de Zaragoza la entrada ilegal en España del jefe del Polisario, Brahin Ghali, y el ocultamiento por parte del Gobierno de este presunto delito.

La citada andanada de Batet en un día tan impropio como el del homenaje a la Carta Magna destapa la hipocresía del PSOE en su defensa. Porque mientras Sánchez instaba a cumplirla "de pe a pa"; Batet atacaba el derecho constitucional a que 50 diputados o senadores recurran ante el TC aquellas leyes que -sin consenso alguno con la oposición- esta crea que rebasan los límites de la Ley de Leyes.

Marta Castro, la abogada que comanda los servicios jurídicos de Vox que ha puesto en jaque al Gobierno por sus abusos legales.

En realidad, los recursos de Vox y PP (Ley Celáa de educación) han sido él único resquicio que los de Casado y Abascal han tenido durante el mandato de la coalición progresista ante el rodillo impuesto por PSOE y Podemos en el Congreso y Senado con el necesario auxilio de la alianza Frankenstein.

Por eso, los éxitos de los abogados que dirige Marta Castro han desquiciado tanto en Moncloa. Porque, además, han dejado en evidencia a la Abogacía General del Estado, otro órgano en teoría independiente víctima de la voracidad partidista del presidente.

Los recursos al TC es la única salida que Sánchez ha dejado a PP y Vox para tratar de frenar sus abusos y sus cesiones a sus socios. Y son vitales a juicio de los partidos de la oposición para blindar la Carta Magna de leyes que la invadan o la sorteen. Más aún cuando ya el PSOE de Zapatero dio el primer golpe al eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad que impedía que una ley sospechosa entrara en vigor antes de que se pronunciara el Constitucional.