La última "cantada" de Colau: ponerle ella el precio a 3 de cada 10 viviendas

La alcaldesa de Barcelona acaba de acaba de tener su última ocurrencia: ponerle ella el precio de venta a tres de cada diez viviendas que se construyan en Barcelona, aunque sea desde la iniciativa privada. "Día histórico en la lucha por la defensa del derecho a la vivienda. BCN aprueba una medida pionera en el Estado: toda promoción de vivienda tendrá que destinar el 30% a vivienda asequible. Gracias a entidades y movimientos por no rendiros. ¡Felicidades Barcelona!".

Con ese mensaje de autobombo, Ada Colau, presumía de la aprobación de una imposición de dudosa legalidad que, además, puede tener efectos perniciosos en términos de paralizar la promoción inmobiliaria o, en el mejor de los casos, encarecer el precio de las viviendas de tarifa libre de cada urbanización, colonia o bloque para que los compradores del 70% asuman el sobrecoste de la reducción impuesta para el 30% restante.

Día histórico en la lucha por la defensa del derecho a la vivienda. BCN aprueba una medida pionera en el Estado: toda promoción de vivienda tendrá que destinar el 30% a vivienda asequible. Gracias a entidades y movimientos por no rendiros. ¡Felicidades Barcelona! #TenimEl30 pic.twitter.com/7IZ8i0KKLx

— Ada Colau (@AdaColau) 28 de septiembre de 2018

Pero aún hay más. La alcaldesa de En Comú llegó a la alcaldía condal prometiendo la construcción de 4.000 viviendas sociales, que sí serían una solución directa y sin intentar de imponer nada a la iniciativa privada. El problema es que, al cierre del primer semestre del año en vigor, sólo ha entregado las llaves de 180. Es decir, ha incumplido su anuncio en 21 de cada 22 ocasiones en que debía de haber logrado un piso alguien procedente de sectores desfavorecidos.

Ni siquiera en el campo que le hizo célebre, el de los desahucios, el balance de Colau es precisamente para tirar cohetes: en 2016 se batió el récord de desalojos en viviendas sociales, con 32 casos extremos, y la cifra global según la oposición en el Ayuntamiento barcelonés alcanza los 2.800 al año, a razón de ocho al día. Una estadística demoledora que la afectada niega.