Colau elude responsabilidades por su presunta coacción a un fondo de inversión

Poco antes de las 10 de la mañana de este lunes llegaba a la Ciudad de la Justicia de Barcelona la alcaldesa Ada Colau. Allí, en el Juzgado de Instrucción Número 18, ha declarado como investigada por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras para que diera en alquiler social pisos de su propiedad que estaban ocupados por familiar vulnerables. Un caso reabierto por la Audiencia de Barcelona a petición de este fondo de inversión después de que la jueza instructora lo archivara.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a su llegada para declarar por presuntamente coaccionar al fondo Vauras.

Poco menos de media hora después, la alcaldesa ya estaba saliendo por la puerta principal donde unas 40 personas esperaban a la primera edil. Colau se ha acercado a los manifestantes y estos la han recibido a gritos de "alcaldesa, alcaldesa" y "no estás sola"; además con pancartas en las que se podía leer 'Estamos contigo Ada Colau', 'Fuera Vauras, no más desahucios' o 'En nuestro nido, ningún buitre'.

Ada Colau, a la salida del juzgado.

Se trata de otro de los líos de la alcaldesa con la justicia, y es que a principios de este mes de marzo, ESdiario publicaba en exclusiva que la edil barcelonesa había sido demandada por empadronar a un okupa en la Ciudad Condal. "Pido que me empadrone en el domicilio que estoy ocupando”, así se lo pidió y el Ayuntamiento de Barcelona emitió un informe favorable para ello.

Colau citada por la Audiencia de Barcelona por prevaricación, malversación y coacciones

El pasado viernes, declararon los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria municipal, también investigados. Todos ellos negaron las acusaciones y contaron a la jueza que representantes del fondo de inversión pidieron al consistorio que acelerara licencias de obras para otros edificios que tienen en la ciudad a cambio de dar en alquiler social para familias vulnerables pisos del Bloc Llavors.

El consistorio multó seis veces a Vauras por un total de unos 400.000 euros por no dar en alquiler social pisos de su propiedad a pesar de ser un gran tenedor.

El fondo atribuye las presuntas coacciones a dos reuniones entre la empresa y el consistorio donde Martín supuestamente "habría reconocido abiertamente el apoyo del Ayuntamiento al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social", lo que el Ayuntamiento niega.

Por su parte, el Ayuntamiento ha reconocido que requirió varias veces a Vauras para que ofreciera un alquiler social a las personas que ocupaban su edificio de la calle Lleida 38, conocido como Bloc Llavors, pero recuerda que así lo prevé la ley catalana de emergencia en la vivienda y descarta que el consistorio cometiera ningún delito en el procedimiento.

Ada Colau se quita responsabilidad

En una rueda de prensa después que se anunciara su citación para declarar, Colau afirmó estar "muy tranquila": "Evidentemente colaboraremos con la justicia como hemos hecho siempre. Esto acabará archivado". Además defendió que el consistorio se ha limitado a cumplir con la ley catalana de vivienda.

Este lunes ha declarado y fuentes presentes en la declaración, que ha durado unos 15 minutos, han añadido que Colau ha explicado que, desde que llegó a la alcaldía, tenía delegadas las funciones en materia de concesión de licencias y en todas las áreas del Ayuntamiento, como Vivienda y Derechos Sociales.

La alcaldesa ha negado haberse reunido con los propietarios del bloque y ha afirmado que ni siquiera los conoce personalmente. A preguntas de la fiscal también ha descartado haber dado indicaciones a los Mossos d'Esquadra a través del entonces conseller Miquel Buch para entorpecer el desahucio del Bloc Llavors, como insinuaba el fondo en la querella que inició la causa.