Sánchez esquiva las exigencias de Feijóo apostando al “comodín de la corrupción”

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo demostraron durante tres largas horas que se puede derrochar buen talante y mejores formas sin llegar a concluir absolutamente nada más que su predisposición a llegar a acuerdos que, por el momento, son castillos en el aire y no responden a la principal necesidad que se plantea en España: la lucha contra la inflación; de las recetas para ello Feijóo (deflactar la inflación de la tarifa del IRPF) sólo obtuvo un “no es posible” por parte de Sánchez. 

Presidente del Gobierno y líder de la oposición tienen claro sus respectivos relatos: para Feijóo y el PP, “¡Es la economía, estúpido!”, como dijo con acierto James Carville, director de la campaña electoral de Bill Clinton frente a George Bush padre, mientras que para Sánchez la batalla está en la política de bloques derecha-izquierda, con especial mención a la ultraderecha como única pareja de baile de Feijóo.

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Los socialistas van a poner bajo estrecha vigilancia el gobierno de coalición PP-Vox y el próximo que podría darse en Andalucía, para gritar a pleno pulmón “Que viene la ultraderecha” a la mínima ocasión. La cuestión es saber si Vox se lo va a poner fácil al PSOE o va a tratar de demostrar que merece estar en los gobiernos, ya sean autonómicos, municipales o el de la nación. 

También, si la diosa fortuna acompaña al PSOE y gotea algún que otro caso de corrupción del PP que pueda esgrimirse ante su electorado, no tratarán tanto de sumarlos a sus filas, como de que aquellos decepcionados se queden en sus casas y no sumen votos al PP. La cosa no deja de tener su miga, porque, si bien es cierto que al PP le acaban de condenar de nuevo por haberse lucrado de los manejos de la trama Gürtel en Boadilla del Monte, a los socialistas les puede estallar la sentencia de los ERES en el mes de mayo ( suponiendo que el posible adelanto electoral a junio en la Comunidad Andaluza no paralice como acostumbra la publicación de sentencias que afectan a la vida política).

Los socialistas van a poner bajo estrecha vigilancia el gobierno de coalición PP-Vox y el próximo que podría darse en Andalucía, para gritar a pleno pulmón “Que viene la ultraderecha” a la mínima ocasión.

Pendientes también de los tribunales andan los compañeros de viaje del socialista Ximo Puig  a cuenta de la vicepresidenta, Mónica Oltra, cuya imputación no está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, al hermano de Ximo Puig le investigan por la percepción de múltiples subvenciones que, según la investigación, pudo haber duplicado para cobrar por lo mismo en distintas Comunidades Autónomas. 

En resumen, en la Comunitat Valenciana son 17 los altos cargos imputados en el gobierno de coalición PSPV-Compromís-Podemos. Pero en esta especie de parque temático de la corrupción el PP tampoco la tienen todas consigo, puesto que, de las múltiples piezas de la Gürtel pendientes de juicio, hay una que afecta a esa Comunidad y al PP. De aquel PP de Francisco Camps poco o nada queda ya, después de que hayan pasado por su puesto al frente del partido Isabel Bonig y, en la actualidad, Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y aspirante a presidir la Comunidad Valenciana. Pero según los cálculos de los populares, el juicio, que sentará en el banquillo al propio Francisco Camps, se celebrará previsiblemente antes de las elecciones, que tienen como límite el mes de abril de 2023. 

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Tanto en Moncloa como en Génova perfilan sus estrategias para acabar con el rival con una mano, mientras con la otra se aprestan a pactar el reparto de cargos en el Poder Judicial. Todo ello con el comodín de la corrupción que puede perjudicar a unos u otros, según caiga en el calendario electoral. Si el sentido común no lo remedia, ese parece que puede ser el guion de nuestra política nacional, al menos hasta la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, en mayo de 2023. Eso sí, todo con un derroche de cordialidad y buenos modos, que siempre se agradecen.