Borrás 'secuestra' el Parlament y para su actividad en un nuevo pulso al Estado

El independentismo ha decidido paralizar la actividad del Parlament como una nueva medida de presión tras la retirada del escaño al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà. 'Secuestrarán' el Parlament hasta que la Comisión del Estatuto del Diputado de la cámara catalana vote sobre qué hacer con el escaño del diputado.

La propuesta ha partido de la presidenta, Laura Borràs, que considera esta medida servirá para  evidenciar la situación de "represión", después de que la Junta Electoral Central (JEC) notificara el viernes al Parlament que debe retirar el escaño de Juvillà en cinco días.

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 La propuesta de Borràs ha sido estudiada y negociada entre los grupos independentistas -ERC, Junts y la CUP-, que tienen mayoría en la Mesa del Parlament, y finalmente han llegado a un acuerdo por el que se suspenderá la actividad parlamentaria. 

Lo ha anunciado en una comparecencia en el despacho de audiencias del Parlament junto con los representantes de la mesa de ERC y Junts y la líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ya que Juvillà no ha podido asistir a la Mesa por una situación de salud complicada.

La presidenta del Parlament ha criticado que la Junta Electoral Central (JEC) esté actuando como órgano judicial y ha sostenido que la Mesa ha tomado esta decisión "por la extrema gravedad de la situación", y para preservar los derechos de los electos y los electores, asegura.

Recurso al Supremo

Pero el Parlament ya ha dado otros pasos para garantizar la presencia de Juvillá en la Cámara, puesto que presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño al diputado, condenado a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia. La Cámara ha pedido, como medida cautelar, que no se le retira el acta al dirigente "hasta que la controversia jurídica entre las partes sea resuelta judicialmente".

La decisión de la JEC y el recurso ahora presentado tienen lugar a raíz de la sentencia emitida el pasado diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El dirigente de la CUP fue condenado a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por negarse a cumplir las resoluciones que exigían la retirada de lazos amarillos en el ayuntamiento de Lleida en 2019, cuando era concejal.

En el marco del recurso, el Parlament ha pedido -como medida cautelar- la suspensión de los efectos del acuerdo de la JEC, "puesto que su aplicación puede llegar a frustrar la finalidad legítima del recurso".

Ha insistido en que retirar el escaño a Juvillà "incide de lleno en el derecho de participación política" tanto en el sufragio activo como en el pasivo y que, de hacerse efectivo, "tendría efectos irreparables" por privarle del ejercicio de su cargo y por la dificultad de poderlo recuperar en caso de que de una sentencia que estime el recurso.

Los servicios jurídicos han subrayado que "este es un problema de suficiente entidad como para justificar que, mientras no se resuelva la cuestión de fondo, debe prevalecer el mantenimiento del statu quo que refleja la composición actual del Parlament".

El Parlament ha interpuesto el recurso después de que el pleno de la Cámara aprobara el martes presentarlo ante el Supremo. La decisión se tomó con el apoyo de ERC, Junts, la CUP y los comuns; el rechazo de Vox y Cs, y la abstención del PSC-Units.