| 21 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont.
Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont.

La nueva provocación del abogado de Puigdemont: será el defensor de Josu Ternera

No es que Gonzalo Boye tenga la mejor consideración en el mundo del Derecho. Pero, acostumbrado a desafíar a las instituciones españolas, cruza ahora todas las líneas rojas.

| J.R.V España

Dime con quién andas... El controvertido abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, experto en desacreditar a España en el exterior, da ahora un paso más allá. Después de intentar mancillar la imagen del Tribunal Supremo y del CNI en media Europa, ahora asume la defensa del enemigo público de todas las víctimas del terrorismo, un símbolo de los años de plomo: Josu Ternera.

El exjefe de la banda terrorista ETA, José Antonio Urrutikoetxea, quien se encuentra en Francia a la espera de saber si será entregado a España para responder por causas pendientes en la Audiencia Nacional, ha fichado como abogado a Boye.

Según han informado fuentes jurídicas, el letrado ha asumido la defensa del etarra en relación a la causa en la que está procesado junto con otros cuatro exdirigentes de la organización terrorista por un delito de lesa humanidad.

De momento, Boye, que también es abogado de Puigdemont y de Quim Torra, sólo representará a Josu Ternera en esta causa, según las fuentes consultadas.

Gonzalo Boye fue condenado en 1996 a 14 años y 8 meses de cárcel por el secuestro en 1988 del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA, concretamente como autor responsable de un delito de detención ilegal. Cumplió seis años.

Recientemente, la Audiencia Nacional ordenó embargar a Boye y realizar una investigación patrimonial al no haber afrontado la indemnización que le impuso el tribunal por aquella condena, una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 1,2 millones de euros.