El juez sentencia que Cifuentes no financió ilegalmente al PP en el caso Púnica

Ni financió ilegalmente al PP, ni adjudicó contratos de forma irregular. Esa es la principal conclusión a la que ha llegado el juez Manuel García Castellón en la investigación sobre el 'caso Púnica' que pretendía involucrar a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

El magistrado instructor de la Audiencia Nacional ha acordado el archivo provisional de la causa respecto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, de la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y del presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández de los delitos de prevaricación y cohecho por los que estaban siendo investigados en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011.

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Además, el juez García Castellón considera que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid, que se investiga en la pieza separada número 9.

La imputación de Cifuentes en el caso Púnica se basaba en un informe policial en el que se informaba de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafetería, cocinas y comedor en la Asamblea de Madrid, y el atestado policial  partía de la existencia de donaciones por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

El juez sobre las supuestas irregularidades de Cifuentes: "Se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente"

Sin embargo, ahora el juez señala que el hecho de que Cifuentes tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam, "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente", explica el magistrado.

Además,  añade que "no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la sra. Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam", por lo que, a juicio del magistrado "tampoco se puede concluir que interviniera en el proceso de licitación del servicio de cafetería, cocina y comedores de la Asamblea de Madrid con la voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la Fundación".

Además, señala el juez, el Grupo Cantoblanco, que finalmente resultó adjudicatario del contrato para la gestión del servicio de la cafetería de la Asamblea de Madrid, "era notoriamente conocido por gestionar esta clase de servicios".