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El juez tumba la maniobra de la Abogacía para proteger a Moncloa del caso Ghali
El Gobierno usa a los Servicios Jurídicos del Estado para establecer un cortafuegos alrededor de Sánchez. Pero el PP exige que una comisión de investigación busque a los responsables.
El caso Ghali avanza sin freno en los tribunales mientras en Moncloa parece haberse activado la estrategia para salvar al soldado Sánchez.
Así, mientras el PP ha solicitado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la entrada clandestina del jefe del Polisario en España, el Gobierno ha activado a la Abogacía General del Estado -dependiente de la ministra de Justicia, Pilar Llop- para neutralizar la acusación particular en la causa, la que ha logrado la imputación de la extitular de Exteriores, Arancha González Laya; y la que reclama interrogar a la jefa de gabinete de Fernando Grande Marlaska en el Ministerio del Interior.
Pero la Justicia ha tumbado la maniobra de La Moncloa. El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado de apartar a la acusación particular y a los denunciantes de la causa en la que se investiga la entrada en en territorio nacional y sin la documentación preceptiva de Brahim Ghali.
En un auto, el juez ha declarado "no haber a lugar a apartar de la causa a las acusaciones populares personadas ni a requerirlas para que presten fianza".
El magistrado ha replicado así a la solicitud planteada por la Abogacía el pasado 3 de septiembre para que se apartara del procedimiento a los dos denunciantes y a la acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Urdiales, o que en su defecto les reclamara una fianza de 150.000 euros para participar en la causa. La abogada del Estado reclamó en el mismo escrito que se procediera contra Urdiales por un "presunto incumplimiento del deber de reserva" por supuestas filtraciones a la prensa.
El juez ha desestimado la petición al considerar que no hay elementos que demuestren dicha práctica por parte de la acusación particular. En este sentido, además, ha recordado que "el efecto expansivo de la libertad de información frente al secreto sumarial se demuestra claramente con la reforma habida en el año 2015, cuando varió la calificación de actuaciones 'secretas' a 'reservadas".
El magistrado Lasala investiga la entrada y salida del líder polisario en España. En el marco de las diligencias, ya ha tomado declaración como imputado al exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino y ha acordado investigar también a la exministra Arancha González Laya.
Las acusaciones que el Gobierno quiere desactivar piden además incluir en el procedimiento las testificales de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo y su directora de gabinete, así como a la jefa de gabinete del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska.
El PP quiere investigar a fondo en el Congreso
Mientras, el PP mueve ficha con este escándalo. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamara, ha anunciado que su grupo pedirá la creación de una comisión de investigación para aclarar las circunstancias de la estancia en España de Ghali, y desvelar quién dio las órdenes para su entrada y salida del país sin la documentación pertinente.
El partido de Pablo Casado apunta ya a Pedro Sánchez, cuyas últimas declaraciones sobre el caso le parecen "una tomadura de pelo". "Habla de que 'se hizo' y 'se decidió', ¿pero quién decidió?, ¿quién era la x de esta trama?", se ha preguntado.
