Arde el PSOE con la segunda imputación del protegido de Sánchez, Gómez Besteiro

Qué ojo tuvo Pedro Sánchez visitando al secretario general del PSdeG en La Coruña este jueves. Apenas 24 horas después de que el socialista respaldara públicamente a José Ramón Gómez Besteiro ya estando imputado en el caso Garañón por cuatro delitos de corrupción saltó la noticia de una segunda imputación.

La juez Pilar de Lara ha imputado a siete personas en el marco de la operación Pulpo. Seis de ellas ocuparon u ocupan cargos en la Diputación de Lugo, como Gómez Besteiro, que fue presidente de la misma entre 2007 y 2015. Sobre él pesa la presunta comisión de seis delitos: Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Gómez Besteiro tendrá que declarar el 11 de mayo. Si antes de conocerse esta segunda imputación ya estaba cuestionado interna y externamente como futurible candidato a las elecciones gallegas de otoño, ahora mucho más.

Esto va a traducirse asimismo en un aumento de la presión sobre Sánchez para que le destituya. Desde que se conoció su primera imputación Ferraz ha venido argumentando que Gómez Besteiro no ocupa cargo público alguno. Sin embargo con esta segunda imputación su defensa se hace aún más complicada.

Máxime teniendo en cuenta que en el pacto suscrito entre el PSOE y Ciudadanos ambos partidos se comprometen a: "No incorporar a las listas electorales ni proceder al nombramiento de altos cargos, a partir de la fecha, de personas con la condición de investigadas a iniciativa del ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado".     

Las actuaciones en relación a la operación Pulpo se iniciaron en junio de 2013 y en ellas se investigan irregularidades relacionadas con la gestión del programa de la Diputación de Lugo denominado KM0, que denunciaron unas trabajadoras que, igualmente, interpusieron denuncia por acoso contra el jefe del servicio de Protocolo. Asimismo, se investigan también supuestas adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, entre ellos Monbus.