Europa mira a Montero e Iglesias por los abusos sexuales a menores en Valencia

El cerco se estrecha para el Gobierno por el escándalo de la explotación sexual de menores en centros tutelados en las Baleares y la cadena de silencios y vetos que, a continuación, han sufrido los intentos de investigación desde los propios Ejecutivos regional y nacional. Pero todo puede cambiar ahora si, como parece, Europa toma cartas en el asunto.

La sentencia contra el exmarido de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, por el abuso de un menor residente en un centro tutelado ha saltado a Bruselas y amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza para Irene Montero ya que una denuncia presentada por el PP a las altas instancias europeas la señala como responsable por su inacción.

La diputada de las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, ha dirigido una carta a la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que recuerda que aunque las "menores tuteladas de la Generalitat valenciana son, en primera instancia, de competencia autonómica", pero asegura que "llama la atención la dejadez del Gobierno de España en la defensa de los derechos de los más vulnerables".

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 Por todo ello, la diputada ha reclamado "al vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias y a la Ministra de Igualdad, Irene Montero que den explicaciones por su laxitud en el caso de abusos sexuales a menores acogidas en centros tutelados por la Generalitat en tanto que sus competencias son de ámbito nacional".

Además, ha solicitado que la propia Comisión "adopte las medidas que proceda en protección de los derechos de los ciudadanos", ya que "trascienden al ámbito regional o estatal y suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales de esas personas menores de edad que se encuentran tuteladas por los poderes públicos".

Junto a ello, Bastidas, en su escrito ha explicado también que ha recibido "numerosas informaciones de extraordinaria gravedad que afectan a una pluralidad de personas menores de edad bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que en los últimos años han sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas", citando expresamente el caso del exmarido de Oltra.

Así, asegura que en la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia "se declara a dicho cuidador como responsable en concepto de autor, de un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento, a menor de 16 años".

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Según el escrito, "estos ejemplos son solo algunos de los numerosos casos que desgraciadamente ocurren con una frecuencia intolerable en los centros de menores de la red asistencial pública valenciana, poniendo en peligro la integridad física y la indemnidad sexual de las personas más vulnerables, que son los menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración".

Unos hechos que revisten una especial "gravedad" y por los que ha solicitado amparo a la UE para que recabe "datos y testimonios suficientes para adoptar unas conclusiones que sirvan para compeler a las autoridades nacionales a proteger a los menores víctimas de abuso".

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Esta petición se suma a la investigación ya abierta por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que exigió  explicaciones al Gobierno de España y al de la comunidad autónoma de Baleares por la explotación de menores tutelados en las islas.

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En concreto, remitió una carta al vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a la consellera de Asuntos Sociales y Deportes del Govern balear, Fina Santiago, solicitando información sobre el caso.

La petición por carta se produjo después de que a finales de enero, la Comisión de Peticiones acordara mantener abierta la petición formulada por José Luis Sánchez Saliquet en relación a este asunto, y pedir a las autoridades españolas, tanto a nivel estatal como regional información sobre las garantías de protección de los menores tras el caso de abusos y explotación.

La misiva va acompañada del resumen de la petición efectuada por Sánchez Saliquet para que ministerios y Govern "puedan hacer comentarios al respecto". En ella, el peticionario alertó de una supuesta "grave violación de los derechos fundamentales" a menores tutelados en centros de Baleares.

El particular señalaba que tras 11 meses de la denuncia por abusos sexuales de una menor de 13 años residente en uno de estos centros, y la existencia de "informes internos" que alertaban de casos similares, ni el IMAS, el organismo responsable de estas menores, ni el Gobierno balear habrían llevado a cabo acción alguna para tratar de esclarecer los hechos.