| 28 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Teresa Ribera durante su comparecencia de la semana pasada en el Congreso.
Teresa Ribera durante su comparecencia de la semana pasada en el Congreso.

El tarifazo funde en seis meses el Plan de Energía 2021-2030 y sus previsiones

El Gobierno aprobó en marzo una hoja de ruta que vinculaba la transición energética a la creación de hasta 348.000 empleos y mejoras para los hogares más pobres. De momento solo hay costes.

| A.I.M. España

Como en el cuento de la lechera, al Gobierno se le ha roto el cántaro en pedazos muy pronto. Por más que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, vaya por los platós -este lunes el de Espejo Público- lamentándose de la "altísima volatilidad de los combustibles fósiles en los mercados internacionales".

Las previsiones a corto y medio plazo del Gobierno contenidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030,exigido por la UE y que el Consejo de Ministros aprobó hace apenas medio año, en marzo, han quedado en papel mojado mientras el recibo de la luz sigue batiendo récord tras récord. Este lunes, otro. 

En el mismo, el Gobierno de Pedro Sánchez hincha las expectativas sobre los beneficios desde el primer momento de la transición energética, la apuesta por las renovables y la eficiencia energética. Que es precisamente lo que no está sucediendo. De ahí que la vicepresidenta Ribera haya reconocido que los consumidores no están saliendo beneficiados de momento. Todo lo contrario. 

Las previsiones del Gobierno eran de color rosa. El precio de la luz, negro

Según los cálculos del Gobierno,  el Plan debía generar un aumento del PIB de entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año, un 1,8% del PIB en en horizonte de 2030. "Este impacto positivo proviene del impulso económico que generan las inversiones en renovables, ahorro y eficiencia y redes, por un lado, y la disminución de la factura energética del país, por otro", explica el documento.

Inversiones que cifra en 241 millones de euros de aquí a 2030, con el consiguiente "efecto expansivo en la economía". Un 80% del sector privado, el 20% restante del público. 

 

A mayores prevé, o preveía al menos, un aumento neto en el empleo de entre 253.000 y 348.000 personas, especialmente en el sector industrial y la construcción: las nuevas inversiones en renovables, entre 107.000 y 135.000 empleos al año; las inversiones en ahorro y eficiencia energética, entre 56.000 y 100.000 empleos al año; las inversiones en redes y electrificación de la economía, otros 46.000 empleos al año en 2030. "El cambio energético -añade- generaría indirectamente hasta 118.000 empleos/año en 2030". A costa de desmantelar el sector de la minería, eso sí.

Y sobre todo un impacto especialmente positivo en los hogares de menor renta, "un efecto positivo sobre los consumidores más vulnerables, ya que el gasto energético supone un mayor porcentaje sobre su renta disponible". Paradójicamente, la escalada del precio de la electricidad está cebándose con los hogares más modestos, sin que ni siquiera Unidas Podemos, un partido que se precia de ser la voz de los que no tienen voz, haya logrado nada sustancial por ahora.

Porque tanto la semana la vicepresidenta Ribera en el Congreso como este domingo el propio Pedro Sánchez en El País afirmaron que están en ello. Pero no cómo. El presidente incluso prometió que al término de este año los españoles pagarán una factura similar a la de 2018 en el cómputo anual.

El runrún que ha salido en las últimas horas de La Moncloa es que el Gobierno se plantea mantener el IVA del recibo de la electricidad en el 10% de forma permanente, más allá de 2021. En junio Sánchez lo bajó del 21 al 10% hasta fin de año como medida temporal, pero en agosto el tarifazo ya se había comido esa rebaja.