Sánchez engañó a los presidentes regionales y les prometió un plan B inexistente

La decisión de Pedro Sánchez de dejar que las comunidades sigan nadando solas en medio de la segunda ola de la pandemia, con 412.553 positivos en España y 2.415 solo en las últimas 24 horas, ha sacudido los puentes entre La Moncloa y las autonomías. 

Los presidentes regionales son conscientes de que detrás del ofrecimiento de Sánchez de facilitarles un estado de alarma a medida en el que conserven el mando único autonómico -e incluso brindarles el apoyo parlamentario del PSOE y de Unidas Podemos para aprobar posibles prórrogas- hay un regalo envenenado.

Sánchez se mantiene impermeable -o lo intenta al menos- al enorme desgaste y la presión social ante futuros confinamientos y a la vez proyecta una actitud colaborativa con las comunidades, cuando lo que en realidad hace es fomentar la rivalidad entre éstas.

Ningún presidente quiere ser el primero en tener que llamar a la puerta del Gobierno para pedir una medida tan excepcional como lo es ésa. Ya lo adelantó este martes el cántabro Miguel Ángel Revilla: "Aquí no vamos a decretar ningún estado de alarma. De ninguna manera (...). Cantabria tiene en marcha todos los mecanismos para hacer frente a esa emergencia", presumió. 

Pero la banca monclovita siempre gana, y en esta ocasión con un atajo que no fue lo que Sánchez prometió a los presidentes regionales. "El presidente se escabulle", se quejó Pablo Casado. Cuando además ya estaba contemplado que las comunidades puedan pedir el estado de alarma; lo que cambia es que tengan ellas el mando único en caso de hacerlo. 

Sánchez durante una conferencia con los presidentes autonómicos.

El 10 de mayo, durante la novena conferencia de presidentes telemática y en plena desescalada, el socialista se comprometió delante de todos ellos a reformar varias leyes para diseñar un armazón jurídico alternativo al estado de alarma. Con el fin de facilitar a las autonomías la adopción de medidas que restrinjan derechos fundamentales, ya fueran confinamientos selectivos u otras, sin necesidad de invocar el artículo 116 de la Constitución. 

En concreto, Sánchez citó en aquel encuentro la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011. Los presidentes regionales apoyaron la idea. Y hasta hoy, porque no es que el PSOE y Unidas Podemos no hayan encontrado respaldo parlamentario para reformar la legislación sanitaria, sino que ni siquiera lo han buscado. 

"La solución no es ofrecer a las comunidades el estado de alarma para su territorio, figura que ya existe desde hace casi 40 años. Llevamos meses pidiendo una herramienta sin tener que recurrir al estado de alarma", se quejó el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"La situación nacional requiere coordinación y sumar esfuerzos, no 17 estados de alarma", replicó también el murciano Fernando López Miras. "El Gobierno central no puede pasar del todo a la nada. Debe asumir el liderazgo y su responsabilidad en la coordinación entre administraciones", añadió el andaluz Juan Manuel Moreno. 

En la misma línea se manifestó la madrileña Isabel Díaz Ayuso: "No se puede pasar del estado de alarma a la nada y a la ausencia, como ha ocurrido este verano, y de la nada y de la ausencia otra vez al estado de alarma".

Tampoco a Cataluña, epicentro de los rebrotes durante semanas (ahora Madrid la ha desplazado), le ha gustado la idea. "No pedimos un cierre. No es una herramienta imprescindible", señaló su consejera de Salud, Alba Vergés. Ni al País Vasco: Íñigo Urkullu también lo rechazó de plano porque hay otras fórmulas -dijo-.

Tampoco las comunidades autónomas del PSOE quieren ni oír hablar de un estado de alarma en sus territorios, no fue eso lo convenido con Sánchez hace algo más de tres meses. "La comunidad Autónoma cuenta con las herramientas necesarias para aplicar las medidas que se van decidiendo a través de las diferentes resoluciones firmadas por la consellera de Salud", zanjó el Ejecutivo balear de Francina Armengol.