Una denuncia por organización criminal cerca a Colau y a Podemos en el Congreso

El núcleo duro de Podemos en el Congreso de los Diputados ya está en el punto de mira de la justicia por las presuntas subvenciones irregulares concedidas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La Fiscalía ya admitió a trámite esta denuncia el pasado mes de marzo, pero ahora, la Asociación Abogados Catalanes por la Constitución la ha ampliado y no solo pide que se investigue a Colau y Jaume Asens, sino que también la ha hecho extensible a otro de los hombres fuertes de Podemos en el Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, acusándoles de "organización criminal".

La asociación cree que la concesión de 3,4 millones de euros en subvenciones y ayudas presuntamente irregulares podría haber llevado a los dirigentes del Ayuntamiento de Barcelona a cometer los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, a lo que ahora añade el de organización criminal.

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 Así, ha pedido que se investigue, además de a Colau y Asens, a  Gerardo Pisarello, Gala Pin, Vanesa Valiño, Laia Ortiz, Laura Pérez Castaño, y Eloi Badia, en virtud de una ampliación de la denuncia que "viene motivada por el presunto incumplimiento de su deber de abstención ante el posible conflicto entre sus intereses".

Además, justifica añadir el delito de organización criminal porque, a su juicio, podría existir "una red de personas organizada, jerarquizada, con cometidos concretos dentro de un organigrama, permanente en el tiempo, y en la que cada individuo tiene una misión y trabaja en sentido concreto".

La denuncia presentada el pasado mes de marzo se refiere a subvenciones del Ayuntamiento al Observatori DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética  y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres, cifradas en 3,4 millones de euros, asociaciones con las que Colau y el resto de denunciados "han mantenido estrechos lazos personales y profesionales con anterioridad a ocupar los cargos", según los denunciantes.

Según los denunciantes estas subvenciones fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias

Además, añaden que "estas subvenciones fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias" y recuerdan que  existió una reiteración en la concesión de las subvenciones directas y continuadas en el tiempo, sin concurrencia pública, de forma recurrente y no excepcional y sin acreditar el interés público, y la falta de justificación del carácter extraordinario exigido por ley dado se conceden sucesivamente en el tiempo de forma ordinaria.

Sin embargo, no es este el único frente abierto el Ayuntamiento de Colau sino que ya está en el punto de mira del Tribunal de Cuentas, que ha admitido a trámite una denuncia de Sociedad General de Aguas de Barcelona contra Colau, y el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, por presuntas irregularidades en subvenciones a distintas entidades sociales.

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La denuncia señala la "subvención desproporcionada" de entidades como la asociación Enginyers Sense Fronteres (ESF) para impulsar la remunicipalización del servicio del agua.

Se cuestiona también el encargo de distintos estudios técnicos y jurídicos a Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA) valorados en 360.000 euros para impulsar la municipalización del agua, una cuestión que la sociedad considera que queda fuera del ámbito competencial del Ayuntamiento.

También denuncia el pago de casi 500.000 euros a Barcelona Regional por llevar a cabo distintos estudios sobre esta cuestión a pesar de que la competencia recae en el Área Metropolitana de Barcelona, entre otras cuestiones.