Bruselas propone que los crímenes de ETA sean de “lesa humanidad"

Después de 864 asesinados y más de 3.000 atentados, la banda terrorista ETA debe considerarse un grupo terrorista que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Es lo que recoge el borrador de un documento del Parlamento Europeo al que ha tenido acceso el diario El Mundo y donde se refleja la atrocidad cometida durante más de 40 años por el grupo terrorista de la izquierda abertzale. 

Esta es una de las conclusiones a la que han llegado un grupo de europarlamentarios que han visitado España para comprobar cómo el 40% de los atentados cometidos por ETA todavía están sin resolver. Un hecho las principales asociaciones de víctimas del terrorismo llevan años denunciando con escasa respuesta institucional. 

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Según recoge el borrador de un primer informe, se "sugiere la posibilidad de considerar los crímenes terroristas de ETA como delitos de lesa humanidad, incluso con anterioridad a 2004, considerándolos imprescriptibles y no amnistiables”. Un documento en el que se le da un tirón de orejas a las Administraciones españolas, instándoles a agotar las posibilidades penales en el caso de "la teoría del autor mediato por dominio, como autores intelectuales a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de la comisión de los distintos atentados no resueltos”.

Son procedimientos, en este caso, que afectan especialmente a los jefes de la banda terrorista a lo largo de los años, cuya implicación en los atentados resultó básica y fundamental. En total hay tres causas abiertas en estos momentos en la Audiencia Nacional contra dirigentes etarras. En concreto, los que tienen la responsabilidad directa sobre los atentados de la T-4 en Barajas, el de Gregorio Ordóñez y el del magistrado Querol Lombardero.

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Unas reclamaciones que llegan desde Bruselas y en las que se indica al Gobierno de Pedro Sánchez que "los beneficios penitenciarios que se puedan otorgar a los condenados por terrorismo vayan ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento, muestra añadida de su verdadero arrepentimiento”.

Es decir, todo lo contrario, en un principio, a las políticas penitenciarias del Gobierno de coalición, que ha acercado desde 2018 a más de 200 presos etarras a las cárceles vascas. Un movimiento político que no está basado, hasta donde se sabe, en comportamientos de los presos ni en su colaboración con la justicia o arrepentimiento de sus actuaciones terroristas. 

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De hecho, todo parece indicar que son concesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido otorgando a partidos como el PNV o Bildu, a cambio de que estos le apoyasen en su investidura en la moción de censura contra Rajoy y en las votaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. 

Este documento, además, recoge que el Gobierno debe prever actuaciones para evitar actos de enaltecimiento al terrorismo y reconocimientos a presos que formaron parte de ETA. Literalmente el documento dice: “Que se articulen mecanismos jurídicos para tipificar como delito la apología de un determinado acto de terrorismo, ya que es una forma de humillar a las víctimas y provocar la victimización secundaria al atentar contra su dignidad y su recuperación. (…) A su vez, pedir a las instituciones pertinentes que proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor”.