| 25 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Albert Rivera, en la reciente presentación de su libro
Albert Rivera, en la reciente presentación de su libro

La falsa polémica del fichaje de Albert Rivera por Isabel Díaz Ayuso

El expresidente de Ciudadanos no cobrará de la Comunidad de Madrid, entre rumores y acusaciones infundadas que no esconden, eso sí, su alejamiento de Arrimadas.

| Yolanda Lorenzo España

 

Albert Rivera se ha vuelto involuntario protagonista político del día y Trending Topic nacional por su supuesto "fichaje" por Isabel Díaz Ayuso, presentado así por una parte de la prensa autodenominada de izquierdas y amplificada de manera crítica en las redes sociales por sus seguidores.

El titular de origen de la polémica, publicado por El Plural, lo dice todo: "El Gobierno de Ayuso notifica el ‘fichaje’ de Rivera en la Universidad que aprobó Derecho a Pablo Casado". Suficiente para que las redes se llenen de mensajes despectivos hacia el fundador de Ciudadanos, se le señale como receptor de un sueldo público y se alinee definitivamente con el PP.

La realidad, adelantada por ESdiario el pasado 17 de marzo, es bien distinta. Rivera no es un fichaje del PP en el sentido estricto ni recibirá remuneración alguna de las arcas madrileñas, aunque sí "trabajará" de algún modo para la Comunidad de Madrid, dirigiendo un instituto político adscrito a la Universidad Complutense, dependiente de manera indirecta de la Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso pero vinculado a una entidad privada.

 

En concreto, el expresidente de Ciudadanos dirigirá el nuevo Instituto de Liderazgo y Formación Política en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, un organismo universitario perteneciente a una fundación privada pero sometida a la normativa regional y vinculada a una Universidad 100% pública desde el punto de vista normativo.

Albert Rivera se ha incorporado al Patronato de dicho centro, a propuesta de su Dirección, en una decisión que fue ratificada por el anterior consejero de Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia, de Ciudadanos, y que ha sido ratificada por su sucesor, el popular Enrique Ossorio hasta su publicación definitiva en el BOCAM del 13 de abril.

Impacto simbólico

El fichaje de Rivera, que dirigirá un postgrado y no dejará su trabajo como asociado del despacho de abogados Martínez-Echevarría, no suscitaría ninguna lectura política más allá de lo positivo de incorporar al mundo educativo a dirigentes de primera fila una vez abandonan la vida política.

Pero en este contexto preelectoral, sí tiene un alto valor simbólico se relacione, de algún modo, con el Gobierno y la Administración de la que acaban de salir sus antiguos compañeros y, en concreto, uno de sus protegidos desde el comienzo de Ciudadanos, el ya exvicepresidente Ignacio Aguado, borrado también de la lista electoral que encabeza ahora en Madrid Edmundo Bal.

Rivera no cobrará de la Comunidad de Madrid y su función docente depende de una institución privada

La decisión de invitar a Rivera a dirigir ese curso de formación política no tiene nada que ver con las Elecciones del 4 de mayo ni con la espantada de cargos y militantes de Cs al PP, resumida en la incorporación de su exsecretario de Organización, Fran Hervías, a la intendencia de Génova, la de Toni Cantó a la vera de Ayuso y con la espantada de decenas de diputados, senadores y militantes naranjas a las filas populares.

¿Retorno a Cataluña?

La "noticia" también coincide con las especulaciones sobre un futuro retorno de Rivera a la primera fila política, en concreto como líder del PP en Cataluña, un extremo que ni él ni la dirección popular han confirmado ni desmentido. El exdirigente retirado no ha dejado de mantener una actividad pública muy pegada a la actualidad política, aunque sin pronunciarse apenas sobre la situación de las siglas que él mismo fundó. 

Tampoco se ha dirigido directamente a Ayuso o a la Comunidad de Madrid, si bien ha defendido de manera notoria algunas de las decisiones del Gobierno regional, en especial las relativas al intento de preservar la salud pública sin cercenar la economía autonómica.