El Supremo confirma las condenas del mayor escándalo de corrupción del PNV

El mayor escándalo de corrupción de la historia del PNV ha cubierto este martes una nueva fase. El caso de Miguel ha sido sentenciado por el Tribunal Supremo con un veredicto que en términos generales confirma las condenas dictadas en su día por la Audiencia Provincial de Álava.

El Alto Tribunal ha rebajado ligeramente la condena impuesta al dirigente del PNV Alfredo de Miguel en el mayor proceso por corrupción de la historia de País Vasco, pero confirma el grueso de las condenas impuestas a otros acusados y mantiene el cumplimiento efectivo de las penas de prisión que dictó en 2019 la Audiencia alavesa.

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En concreto, Alfredo de Miguel ha pasado de 13 años y 3 meses de prisión a 12 años y 4 meses, al ser absuelto de uno de los cuatro delitos de tráfico de influencias por los que fue condenado, aunque solo deberá cumplir 9 años, como ya había fijado la Audiencia de Álava en virtud del máximo efectivo del cumplimiento de penas que establece la ley.

Carlos Aitor Telleria, que ha sido absuelto como cooperador necesario del delito que se le ha retirado a De Miguel, ha pasado de 6 años y 6 meses a 5 años, 1 mes y 15 días de prisión, que quedan limitados a 6 años y 9 meses de cumplimiento efectivo. Por su parte, se mantiene la pena de prisión de 7 años y 6 meses para Luis Felipe Koldo'Ochandiano Credilla.

En su sentencia, el Supremo cierra un largo y polémico proceso judicial, que se prolongó a lo largo de casi todo 2018 y en el que se juzgó a 26 personas por diversos delitos cometidos entre 2005 y 2009.

Pese a las ligeras rebajas acordadas, el Alto Tribunal ha confirmado los hechos que se consideraron probados. Los magistrados han ratificado que los tres acusados se prevalieron de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del PNV para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión.

Alfredo de Miguel, el alto dirigente del PNV que da nombre al mayor escándalo de corrupción de ese partido.

El Supremo ha explicado que De Miguel, Ochandiano y Telleria -para encubrir el cobro de estas comisiones- constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados; sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros.

Por estos hechos, los tres exmiembros del PNV fueron condenados en 2019 por delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

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En 336 folios, el Supremo ha hecho un repaso de los contratos administrativos por los que se condena a los tres exdirigentes del PNV: los vinculados al Parque Tecnológico de Álava, al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, a los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca, Zigoitia y Zambrana, así como a las Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava, cuyos presidentes pertenecían a esa agrupación política.