Otro juez borra la sonrisa a Simón y al Gobierno y abre una nueva investigación

Con más de 40.000 fallecidos por coronavirus, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y el Gobierno en pleno hace mucho tiempo que no tienen motivos para sonreir y ahora mucho menos ya que la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha reactivado la querella interpuesta a finales de marzo por la Asociación de Consumidores y Usuarios.

En el auto, que tiene fecha de 5 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada se limita a señalar que "se reanudan las actuaciones registradas en fecha uno de abril de 2020" a raíz de la presentación de la querella, por lo que procede a pedir una fianza de 500 euros a la asociación para poder acusar en cumplimiento de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Piden la imputación formal de Fernando Simón por desobediencia y denegación de auxilio

 Además de contra Simón, la querella de esta asociación se impuso contra la directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio; y el secretario General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco; por supuesto delitos de homicidios y lesiones por imprudencia por su gestión durante esta crisis del coronavirus.

La asociación de consumidores sustenta su acusación en el hecho de que el Gobierno no informó con puntualidad y precisión de las medidas a adoptar en una situación de pandemia con contagio comunitario "ni informó a la opinión pública de las medidas a adoptar en este supuesto, antes de que la situación empeore y se vuelva descontrolada antes del 7 de marzo".

De hecho, añaden que "los querellados tenían conocimiento de la situación de la pandemia por los informes que recibían por medio de las instituciones internacionales que las hacen públicas de la situación en China o Italia; de la OMS o del ECDC europeo, que conocían la situación en España y las masificaciones que se iban a producir, que no solo no avisaron del peligro a la población sino que animaron a acudir a eventos de masas que no informaron al Gobierno, como era su obligación tal y como mantiene su presidente".

Para justificar que se originó un daño sabiendo que era previsible y evitable, esta asociación de consumidores apunta al incremento de las muertes y hospitalizaciones "por la imprudencia de no avisar a la población puntualmente del riesgo que corrían si concurrían a eventos masificados, así como no prevenir en la compra de material".

Aún así, cabe señalar que ya varios jueces han archivado causas contra Simón, la primera, la acción presentada por la Asociación Española de Víctimas y Damnificados por el Covid-19 (ADAVIC-19) y la segunda, la que presentaron familiares de una mujer que falleció por coronavirus, al igual que la investigación abierta contra José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por permitir el 8M, aunque todo apunta a que el rosario de asuntos judiciales contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, solo acaba de empezar.