Renovada embestida al Rey tras la marcha de Calvo, el primer reto de Bolaños

El nuevo ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya tiene sobre su mesa la primera patata caliente en su carpeta de encargado de actuar de enlace oficial del Gobierno con la Casa del Rey.

24 horas después de la salida de Carmen Calvo -que ha ejercido de frontón en la ofensiva de Podemos y los socios Frankenstein contra la Monarquía en estos dos años-, la izquierda radical y el independentismo vuelven a la carga contra el Rey Felipe VI.

Un total de nueve partidos aliados parlamentarios de Pedro Sanchez han registrado este martes en el Congreso la petición de creación de una comisión de investigación sobre las presuntas actividades ilícitas atribuidas a Juan Carlos I, incluida la "venta ilegal de armas".

La iniciativa lleva la firma de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias. Se trata de la décimo cuarta petición de comisión de investigación sobre el Rey emérito que se registra en lo que va de legislatura y se ha formalizado antes incluso de que la Mesa del Congreso se pronuncie sobre otra similar registrada a finales de junio.

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Los impulsores exigen que se investigue la supuesta "venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I", desvelada por público.es. Según este periódico digital, Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

Los beneficios de esas supuestas actividades ilícitas, según la petición que impulsan ERC y Bildu, también deberían formar parte de lo objeto de la comisión, a la que se encomendaría asimismo, la tarea de aclarar si entre los beneficiarios está el actual jefe del Estado.

Los firmantes de la iniciativa insisten también en que el Congreso investigue las influencias que las relaciones de la Monarquía Española con Arabia Saudí "hayan podido ejercer sobre las relaciones diplomáticas y comerciales del Estado español" con aquel país.

"Más allá de las responsabilidades legales o penales, el poder legislativo tiene la obligación de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que puedan derivarse, así como asumir las medidas que se consideren oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y personas vinculadas y evitar que se puedan cometer futuras ilegalidades o actuaciones ilícitas aprovechando la situación privilegiada que ocupan", argumentan estas formaciones.

Y, ante estas últimas informaciones vuelven a recalcar la necesidad de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -tan bien bajo la órbita de Bolaños- pregunte sobre la Monarquía y exigen al Gobierno que aclare si ha dado orden expresa a este organismo para no interrogar sobre la Corona. El primer reto para el sustituto de Calvo.