El Gobierno da otro paso más para censurar con la excusa de las fake news

El Gobierno quiere controlar las informaciones que se publican sea como sea y por ello, con la excusa de evitar las 'fake news' y lo que considera "desinformación", Sánchez ha publicado en el BOE una orden que sale directamente del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por Carmen Calvo, con el que instaurar su censura.

La orden explica que el Ejecutivo monitorizará la información y podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación, a los que controlará para "examinar" su "pluralismo", para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

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 Además, el texto justifica esta decisión en "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" como es el acceso a la información veraz, ya que la información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento para participar en los debates públicos y, entre otros derechos democráticos, en los procesos electorales. "Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada" de las propias 'fake news'.

Así, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil, controlando desde el propio Ejecutivo toda la información y dejando a un lado al departamento de Ciberseguridad, que era el encargado hasta ahora.

El Gobierno quiere implicar a los medios de comunicación en su labor

Junto a ello, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatir las 'fake news'. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo "con acciones como la identificación y no contribución a su difusión", implicándoles así en su labor censora.

A su vez, la denominada Comisión Permanente contra la desinformación estará coordinada por la Secretaria de Estado de Comunicación y presidida por el director del Departamento de Seguridad Nacional, e integrada por representantes de Defensa, Interior, Exteriores, y del Ministerio de Asuntos Económicos.

Para ejecutar su plan, el Gobierno ha establecido cuatro niveles de activación que sirven tanto para la detección de campañas de loque considera desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas.

La orden establece cuatro actuaciones, incluyendo acciones contra terceros países

El primer nivel permite actuar a nivel técnico para detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia, por lo que se llevará a cabo una labor de monitorización de la información, así como de investigación de su posible origen y propósito.

El segundo nivel comienza con la convocatoria y la evaluación de la alerta por parte de la mencionada comisión. En este estadio, se activará una célula de Coordinación contra la desinformación por parte del director del Departamento de Seguridad Nacional. Será ahí cuando se decida si se realiza una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de la información.

El tercero de los niveles estará centrado en la gestión estratégica y política de los aspectos de la crisis, y adopción de medidas con arreglo al marco para una respuesta conjunta, que vendrá determinada por el Comité de Situación.

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 El último nivel contempla la gestión política de la respuesta a una crisis y la adopción de medidas en el caso de la atribución pública a un tercer Estado de una campaña de desinformación, lo que abriría la puerta a poder investigar a cualquier país si se considera instigador de ella.

De esta manera, el Ejecutivo da un paso más en su labor censora, que ya puso de relieve el general Santiago al inicio de la pandemia cuando aseguró que la Guardia Civil trabajaba "para minimizar el clima contrario al Gobierno", controlando las informaciones y las redes sociales. Ahora, ese plan ya tiene su refrendo en el BOE, con los mecanismos necesarios para que Sánchez controle todo lo que se dice de él y de su Gobierno, para después poder actuar en consecuencia.