| 26 de Enero de 2023 Director Antonio Martín Beaumont

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Moncloa, factoría de la "chapuza legal" continuada.
Moncloa, factoría de la "chapuza legal" continuada.

El "populismo punitivo" de Sánchez agota la paciencia de jueces y fiscales

Con la Abogacía del Estado "domesticada" y el CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal ninguneados, la 'ley del sí es sí' es el último exponente de una negligencia sin precedentes.

| Javier Ruiz de Vergara España

El estupor y la indignación con el Gobierno han corrido estos últimos días de boca en boca entre jueces y fiscales, con la cacicada de la reforma del delito de sedición y la amenaza de rebajar el de malversación. “Es que llueve sobre mojado”, sentencia a ESdiario indignado un expresidente de un Tribunal Superior de Justicia.

En este caso, el desafío y la temeridad es más inquietante aún. Para acelerar e imponer el trámite parlamentario cocinado entre Moncloa y Esquerra, el Gobierno ha marginado, desoído y ninguneado a todos los órganos constitucionales preceptivos.

 

Y con su proposición exprés eludirá los informes previos (no vinculantes) del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Por eso, ante la enésima chapuza que se avecina, el propio fiscal general salió este martes a la palestra para dar la voz de alarma.

Y es aquí donde radica la otra gran queja de jueces y fiscales. Sánchez ha anulado hasta tal punto la independencia de los Servicios Jurídicos del Estado purga a purga, que sus responsables emiten sus dictámenes a la medida de los ministros demandantes para no molestar a Moncloa.

El varapalo de estas últimas horas a Irene Montero y su ley del sí es sí es la enésima prueba de que llueve sobre mojado con la precariedad y la mediocridad de las leyes y decretos que salen de la mesa del Consejo de Ministros.

Y eso que muchos penalistas, como el muy seguido abogado José María de Pablos, ya advertían desde el mes de agosto que estas rebajas de penas podrían darse.

 

 

Lejos de sacar la cara por los jueces tras la enésima chapuza de Irene Montero, Sánchez este miércoles ha sacado la cara por Igualdad.

 

La “producción legislativa” del Ministerio de Igualdad además de ser “inconsciente” -según fuentes jurídicas- es reincidente. De hecho, en su día, la vicepresidenta Carmen Calvo escondió este anteproyecto y el de la ley trans por sus “múltiples defectos”, tras las advertencias de la propia Abogacía del Estado.

 

Y es aquí donde radica la otra gran queja de jueces y fiscales. Pedro Sánchez ha anulado hasta tal punto la independencia de los Servicios Jurídicos del Estado purga a purga, que sus responsables emiten sus dictámenes a la medida de los ministros demandantes para no molestar al inquilino de Moncloa.

El varapalo de estas últimas horas a Irene Montero y su ley del sí es sí es la enésima prueba de que llueve sobre mojado con la precariedad y la mediocridad de las leyes y decretos que salen de la mesa del Consejo de Ministros.

Y con este escenario los varapalos jurídicos al Gobierno en apenas tres años son tantos que no sirven los dedos de las dos manos para contarlos.

Dos decretos de estado de alarma tumbados por ilegales. Ilegal también el cerrojazo del Congreso decretado durante la pandemia. Como ilegal, también por falta de motivación, fue el decreto de nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE.

Y así sucesivamente. Leyes y decretos que los jueces tienen que enmendar después en sus sentencias y resoluciones. Y que les convierten en los culpables de los desatinos desde Moncloa. Porque o son "reaccionarios", o "fachas y machistas".

Ya al menos 11 condenas

Mientras las consecuencias perversas de la ley prosiguen. Los tribunales ya han rebajado al menos 11 condenas de abusos sexuales y han excarcelado a cinco personas. Se espera que los magistrados tengan que revisar decenas de sentencias más toda vez que la reforma del Código Penal resulta "más favorable al reo".

Entre los casos de revisión de sentencia y rebaja de pena, según las fuentes jurídicas consultadas, se han confirmado cuatro en Madrid, dos en Baleares, dos en Galicia, una en Andalucía, una en Murcia y una en Segovia. Cinco de estos 11 casos han conllevado la excarcelación de los condenados: dos de Baleares, dos de Madrid y uno de Galicia.