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Aparece un documento que Trapero quiso destruir y que sentencia a Jordi Sánchez
Nuevas pruebas incautadas por la Policía a los Mossos destapan el papel clave del líder del la ANC en el asedio a la Guardia Civil frente a la Consejería de Hacienda.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tiene sobre su mesa nuevas pruebas contundentes para impedir la salida de la cárcel de Jordi Sánchez, candidato al pleno de investidura convocado este próximo lunes por el presidente del Parlament, Roger Torrent.
En concreto, varios documentos decisivos que la Policía incautó a los Mossos cuando estos se disponían a destruirlo en una incineradora de San Adriá del Besós.
La inmensa mayoría de los documentos incautados -que el exmayor Trapero había ordenado incinerar el 26 de octubre- se refieren a toda la actividad desplegada por los Mossos entre el 21 de septiembre, durante los actos de hostigamiento dirigidos por los líderes de Òmnium, Jordi Cuixart, y la ANC, Jordi Sánchez, a la Guardia Civil durante su entrada y registro de la Consejería de Economía en cumplimiento de una orden judicial, y el 1 de octubre, fecha de la celebración del referéndum ilegal.
Entre los documentos incautados figuran informes de los propios Mossos donde se explica que Sánchez y Jordi Cuixart, comunicaron a los policías autonómicos que en ningún momento iban a pedir a la gente concentrada frente a la consejería de Economía "nada que significase facilitar el trabajo de la Guardia Civil", según ha revelado este miércoles la SER.
Cabe recordar que en su declaración ante el juez Llarena, Sánchez sostuvo que si se subió, junto a Cuixart, a un vehículo de la Guardia Civil megáfono en mano fue para pedir a sus simpatizantes que abandonarán el lugar. Pero los documentos ahora hallados desmienten esta versión.
Junto a estos informes hay decenas de actas elaboradas por los Mossos que demostrarían que las órdenes de la Fiscalía para impedir los preparativos del referéndum no se cumplieron, así como documentos con instrucciones relativas a como que había que confeccionar los oficios levantados como consecuencia de sus actuaciones en los colegios electorales el 1 de octubre.
