Escrivá harta a Moncloa con sus improvisaciones y ya niega su recentralización

José Luis Escrivá generó un enorme incendio en Moncloa al hablar en una entrevista sobre la recentralización de impuestos. El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social consideró un "despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras", en referencia a la eliminación del Impuesto de Patrimonio por parte de la Junta de Andalucía, y apostó por un modelo en el que estas tasas dependieran del Estado. Sin embargo, después de que Moncloa tuviera que salir al rescate, ahora niega la mayor.

De hecho, en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, Escrivá ha señalado que no salió "de su boca" la palabra recentralización y que "lo que está oyendo en el Gobierno" es "básicamente" la misma posición que ha defendido él: que es "denunciable" lo que están haciendo comunidades como Andalucía y Madrid con determinados impuestos.

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"Y sobre todo, cómo se está presentando, como un ejercicio deliberado de redistribución de riqueza entre comunidades autónomas a través de una medida fiscal. Y eso es denunciable y en eso estamos todos de acuerdo", ha subrayado el ministro.

Bien es cierto que, en la entrevista en Onda Cero, no utilizó la expresión centralizar o recentralizar impuestos, sino que fue Carlos Alsina el que le preguntó directamente si habría que centralizarlos, a lo que Escrivá respondió afirmativamente, dejando claro, además, que esa era su opinión personal y que la había defendido en el pasado, antes de ser ministro.

"En España estamos muy instalados en esta cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mí, personalmente, no me gusta y que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días", subrayó ayer Escrivá.

El Gobierno intenta desmarcarse del ministro

Las palabras del ministro cayeron como una bomba en las Comunidades Autónomas que ven peligrar sus competencias, sobre todo en las gobernadas por el PP, donde se están bajando impuestos para dar oxígeno a las familias, por lo que desde Moncloa se intentó aplacar la nueva crisis desatada por Escrivá. 

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, insistió en que la reflexión del ministro es una "opinión personal". "No tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha aclarado", recalcó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero deslizó que el debate sobre una armonización del Impuesto de Patrimonio, que ya han solicitado varias comunidades, debe abordarse en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque insistía igualmente en desmarcarse de Escrivá, recurriendo, de nuevo, a lo de la "opinión personal".

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Aun así, lo cierto es que no es la primera vez que las reflexiones y opiniones que el ministro lanza en los medios de comunicación terminan por convertir Moncloa en un polvorín y se ve obligado a recular para desdecirse y aplacar el incendio.

La reforma de las pensiones que está llevando a cabo ha supuesto más de un quebradero de cabeza para Sánchez. Solo hay que tirar de hemeroteca para recordar como el verano pasado, Escrivá aseguraba en julio de 2021 que el problema de sostenibilidad de las pensiones está "muy concentrado coyunturalmente" en la generación de los llamados 'baby boomers', los nacidos entre finales de los años 50 y hasta más o menos los años 70. 

Por ello, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional pretendía que esta generación, que es "más ancha", asuma "algo del esfuerzo" que debe hacerse para moderar el gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo.  "Es un ajuste bastante moderado. No verán mermada su pensión, podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles", explicaba el ministro.

"Se me entendió mal", aseguró Escrivá tras anunciar que el recorte de las pensiones recaería sobre la generación del 'baby boom'

Sin embargo, horas después tenía que recular. "Ayer no tuve el mejor día", dijo el titular de Seguridad Social, que añadió que no transmitió adecuadamente la certidumbre necesaria a los pensionistas "al hablar de algo que todavía está por definir". "Se me entendió mal", ha matizó.

Pero ha habido otros capítulos más. Sánchez desautorizó a su ministro de Seguridad Social en diciembre de 2020, cuando hizo público su plan para ampliar el computo de las pensiones, y entonces Podemos puso el grito en el cielo contra el titular del ramo, que se vio obligado a justificarse en que su proyecto era un borrador como otros tantos.

"Elevar el plazo de cotización a 35 años sería aplicar recortes a las pensiones. Y no está contemplado ni en el pacto de Toledo ni en el acuerdo de Gobierno, por lo que sería desoír a la soberanía popular y además está fuera del diálogo social. Son recortes sociales y nosotros no lo aceptamos", clamó en diciembre la entonces ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 

 "Es una serpiente de verano que alimentó Pablo Iglesias", aseguró el propio Escrivá. "Solo una línea en un recuadro", dijo en otra ocasión, aunque los documentos forman parte de los acuerdos alcanzados con Bruselas para recibir los fondos Next Generation.

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De hecho, esta modificación sigue trayendo cola y el ministro insiste una y otra vez en decir que no conlleva ningún recorte de pensiones, aunque los expertos calculan que la 'tijera' tendrá un alcance de entorno al 8%.  Este mismo miércoles, en el Congreso de los Diputados, el ministro ha instado a "no escuchar titulares interesados de periódicos que vienen sobre todo de derechas y que sólo pretenden crear inquietud" ni estudios "interesados", financiados por entidades financieras. "Todo es espúreo", ha remarcado el ministro.

Sin embargo, no le creen ya ni sus socios, pues, desde Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo le ha recordado que por cada año que se aumenta el periodo de cálculo de la pensión, ésta disminuye un punto y ha instado a "no dar pasos" en ese sentido y a mantener informado a los grupos parlamentarios de las negociaciones con los agentes sociales sobre este elemento de la reforma.