Las dos grandes trampas de Sánchez para sacar ahora partido de la pandemia

La gran falsedad de Pedro Sánchez, en tiempos de pandemia, ha sido y es el relato de que no pasó nada en España que no le haya pasado al resto en Europa. En realidad, la mortalidad es la mayor del mundo si se computan las víctimas morales reales, unas 44.000, y la tercera con las cifras oficiales que nadie se cree, tras Bélgica y el Reino Unido.

A esa mentira germinal, precedida por otra resumida en la frase de Fernando Simón sobre el poco impacto que tendría el coronavirus en España, sus famosos “casos aislados” anunciados en enero; le van a seguir otras ya en la fase de “nueva normalidad”.

La primera es económica, y se sustenta en una falsedad: la baja presión fiscal en España, que Pedro Sánchez sitúa “siete puntos por debajo de Europa”, como le dijo a Antonio García Ferreras en su entrevista para La Sexta.

La situación económica es desesperada: el cierre en masa de empresas, los ERTES, la reducción del consumo y la paralización de sectores clave como el turismo o la automoción han hundido la recaudación del Estado, a la par que subía el gasto y se disparaba el paro.

“No hay dinero, o llega el de Europa o no habrá a corto o medio plazo para partidas elementales”, aseguran fuentes económicas a ESdiario. “España se lo juega todo este mes, o hay acuerdo con Bruselas o los recortes y las reformas van a ser durísimas” indican.

España tiene menos recaudación fiscal que Europa por la economía sumergida; pero más presión fiscal al contribuyente

Mientras, el presidente juega de nuevo con las cifras: confunde la recaudación fiscal en proporción al PIB con la presión impositiva. La primera es menor porque la economía sumergida es hasta del doble de la media europea y, por tanto, los ingresos son menores. Pero los que pagan, y ésa es la verdadera presión fiscal, pagan mucho: hasta siete puntos por encima de Europa en concepto de presión fiscal normativa.

La hoja de ruta de Moncloa tiene dos velocidades. En la primera, para ir preparando a la ciudadanía, se subirán el Impuesto de Sociedades a las “grandes corporaciones” y el IRPF a las “rentas altas”, a partir de los 130.000 euros, según se especula en el entorno del Gobierno.

Pero el sablazo será global, con los impuestos indirectos como percutor: un incremento “silencioso”, que penaliza el consumo y no distingue de rentas. Acabar con el IVA reducido, que es el verdadero plan del Gobierno, y subir con excusas verdes todos los que se pueda; extenderán el “palo” a todas las capas.

El nuevo mantra del Gobierno es la "justicia fiscal": un eufemismo para ver cómo subirle los impuestos a todos

Porque con los ricos no llega: el 5% de los contribuyentes ya asumen hasta el 60% de la recaudación, y el objetivo máximo del Gobierno, según ha confirmado este periódico en fuentes oficiales, es lograr incluso 70.000 millones al año. "Una barbaridad, cuando no un imposible", replican en la oposición.

Pero la letra pequeña es la inquietante: subir el IVA, quizá las cotizaciones (lo que pagan el trabajador y el empresario desde su nómina sin llegar a verlo) y tal vez el IRPF, bien tocando los tramos, bien eliminando aún más desgravaciones. Y si se puede, para completar, elevar la presión fiscal con excusas "verdes", con los carburantes como emblema.

La "justicia social" de Sánchez, en fin, no cuadra si no es metiéndole mano a los bolsillos de casi todos. Algo que el presidente se niega a decir, pero que está anotado y subrayado en rojo en su bitácora fiscal para los próximos meses.

A por la concertada

La otra gran falsedad es el coste de la educación concertada. Aquí, el objetivo es más ideológico: dividir en dos bloques España, para movilizar al propio a costa de generar la sensación de que las carencias de unos son consecuencia de los "privilegios" de los otros.

El mantra de fondo está claro: la concertada le resta recursos a la pública. Pero los datos dicen lo contrario. El 26% de los estudiantes no universitarios acuden a colegios e institutos con concierto con la Administración, que solo dedica a ellos un máximo del 18% del presupuesto educativo, básicamente el coste de los profesores.

Es decir, de trasladarse ese presupuesto a la pública, tendría que aumentarse más de un 8% para asumir a los alumnos y a sus docentes, una cifra que se dispararía con el coste de las nuevas infraestructuras y del gasto corriente que esa "mudanza" comportaría.

"No es viable y lo saben", explican a este periódico fuentes de la asociación de colegios concertados de Madrid, que en el fondo no creen que Isabel Celáa dé ese paso nunca. De momento, se marca a la concertada de dos maneras: con una nueva Ley Educativa de claro sesgo ideológico y negándole ayudas por la epidemia. Pero matizar o eliminar conciertos está, de momento, más en el discurso que en la voluntad real.