| 28 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
Puigdemont, junto a su polémico abogado Gonzalo Boyé.
Puigdemont, junto a su polémico abogado Gonzalo Boyé.

El abogado de Puigdemont recibió de Villarejo documentos sensibles de la cloaca

El juez García Castellón relanza la operación Tándem y vuelve a llamar a declarar al policía para rastraer los papeles que envía desde la cárcel para chantajear.

| J.R.V España

El juez Manuel García Castellón vuelve a relanzar el caso Villarejo. Rastrea ahora documentos sensibles que el expolicía encarcelado ha seguido enviando desde prisión a distintas personas para utilizar los papeles para chantajear al Estado.

Llama la atención que entre esa información nacida del trabajo del excomisario en las cloacas de Interior se encuentra el abogado del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont. Un letrado, el polémico Gonzalo Boye, que ha sido recientemente procesado en un asunto turbio de narcotráfico.

El magistrado de la Audiencia Nacional considera que otro abogado colaborador de VillarejoAlfonso Pazos, habría entregado cierta cantidad de documentos a Boye, quien lidera la defensa de Puigdemont.

También añade a la lista de contactados por Pazos al despacho de abogados Duran & Duran y al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien está siendo investigado en la pieza Kitchen.

 

Según el instructor, el colaborador de Villarejo describió la documentación enviada a una periodista desde, al menos octubre de 2020, como "relativa a la operación Cataluña" y afirmó disponer de "más notas informativas", que define como "información de inteligencia" que, según señala el juez, el propio investigado apuntó que la forma de obtener dicha documentación fue "no muy legal".

Entre lo intervenido en la celda de Villarejo, el juez señala que hay material que pudiera estar sujeto a secreto, y que en el registro del domicilio de su mujer se hallaron varios documentos, principalmente denuncias interpuestas en sede policial y notas informativas, que resultan idénticos -al menos algunos- a los que envió su colaborador Pazos a terceros.

Por todo ello, el magistrado ha acordado nuevas diligencias para esclarecer si Villarejo seguía mercadeando con información y documentación desde la cárcel de Estremera. Indaga así en la documentación que envió un preso de su confianza a periodistas y abogados para su difusión pública, con lo que el comisario podría "chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado".

"Al parecer, dispondría de una gran cantidad de información y documentación que podría estar controlando desde la prisión de Estremera en la que se encuentra interno como preso preventivo", dice el juez Manuel García Castellón en dos autos.

Ahora, y a petición del Ministerio Fiscal, García Castellón acuerda que el comisario declare de nuevo ante el juzgado para ser interrogado en el marco de esta pieza, y da orden a la Dirección Adjunta de la Policía para que a la mayor brevedad posible certifique si la documentación intervenida tanto en el registro de la celda del comisario como en el resto de entradas "están afectas a la legislación de secretos oficiales".