| 03 de Diciembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Los fiscales se revuelven contra Sánchez por 'desmantelar' el Estado de Derecho

La Asociación de Fiscales ha advertido de que si Sánchez consuma su derogación de la sedición habrá traspasado líneas rojas que bordean la inconstitucionalidad.

| Andrea Jiménez España

La modificación del delito de sedición es la última cesión de Sánchez al independentismo. Una cesión que puede salir muy cara, pues aunque desde el Gobierno se intente justificar, apelando a la necesidad de "homologar" la legislación española al resto de países de la UE, los fiscales lo consideran un ataque más al Estado de Derecho, que además roza la inconstitucionalidad.

De hecho, la Asociación de Fiscales, la agrupación mayoritaria, ha emitido un duro comunicado en el que desmonta punto por punto todas los argumentos que esgrime el Gobierno para hacer suya la reivindicación independentista, desde el eufemismo de "homologar" hasta la necesidad de hacerlo de forma express que ha utilizado Sánchez.

El Gobierno ha propuesto derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión, frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente,  e inhabilitación de 6 a 8 años, frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos. 

Sin embargo, los fiscales recuerdan que esta modificación no está exigida por la UE, al tiempo que aseguran que "no es cierto que las penas previstas para el delito de sedición sean superiores a las penas previstas para las conductas que se tipifican (reciban o no el nombre de sedición) en otros países de la Unión", tal y como recordó el propio Tribunal Supremo a la hora de pronunciarse sobre los indultos a los independentistas. 

La reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional, que es un valor imprescindible para mantener el Estado de Derecho

Por ello, aseguran que "la reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional, que es un valor imprescindible para mantener el Estado de Derecho y las garantías de todos los ciudadanos".

Así, la asociación ha afirmado que "no es admisible" reformar el Código Penal "por intereses o situaciones de personas concretas", refiriéndose así a los líderes independentistas catalanes condenados en la causa del 'procés'. "Con ello se desconoce un principio básico del Derecho, que no admite leyes singulares que, por tanto, serían de muy dudosa constitucionalidad", subraya en un comunicado emitido por los delegados de esta asociación.

Los fiscales, en contra de la tramitación 'express'

Además, recuerda que "una reforma del delito de sedición de la trascendencia y calado como la que se pretende, hasta el punto de proponer su derogación, debiera tramitarse con el necesario sosiego, recabando los informesdel CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal", en lugar de hacer una tramitación express en el Congreso que elimina todos los requisitos que hacen que una modificación legal nazca con las garantías suficientes.

Sin embargo, el Gobierno, pese al clamor en el mundo de la judicatura, está dispuesto a seguir con su hoja de ruta, pues necesita exhibir músculo en el Congreso de los Diputados y para ello es necesario que el independentismo esté de su lado y vote 'sí' a todas sus propuestas, en especial los Presupuestos Generales del Estado que este lunes encaran su último trámite antes de pasar al Senado.