Sorpresón: un excolaborador de ETA es el garganta profunda del caso González

En las últimas veinticuatro horas, las revelaciones de exalcalde popular de Leganés y actual parlamentario en la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, han dado un vuelco a la derivada política de la Operación Lezo.

De hecho, Gómez ha emprendido una frenética gira por varios medios de comunicación para detallar cómo, en 2014, trasladó a la sede nacional de Génova su particular bombazo: el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, era titular de una cuenta en Suiza con 1.4 millones de euros.

Pero no a pocos en el PP ha sorprendido que -tan exhaustivo en otros detalles- Gómez haya puesto especial empeño en ocultar el nombre de la fuente que le trasladó una información relevante. El exalcalde ha apelado tan sólo a "un abogado" que en su día contrató en Leganés para defenderse de una supuesta acusación falsa en el llamado caso Cuadrifolio. "Un abogado que podía tener esa información sobre González ya que estaba personado en la pieza separada del caso Gürtel que afecta a varios municipios de la Comunidad de Madrid", explicó.

Pero, ¿quién ese abogado tan misterioso? Según ha sabido ESdiario se trata de Gonzalo Boye, un letrado de más que polémica trayectoria -pasada y presente-. Boye, editor de la revista Mongolia, excolaborador de ETA -condenado por la Audiencia Nacional por su participación en el secuestro de Emiliano Revilla- y, actualmente, látigo del PP en los tribunales, donde ejerce la acusación en los casos Gürtel y Bárcenas.

En sus últimas entrevistas concedidas este miércoles, Gómez justificó que contrató a Boye para que representara al grupo municipal del PP en Leganés simplemente porque presentó la mejor oferta de varias. Pero, según ha sabido este periódico de fuentes populares, la contratación de este polémico letrado ya desató en su día un terremoto en el PP madrileño.

No se entendía cómo, un partido que hacía especial bandera entonces -de la mano de la propia Esperanza Aguirre- del combate a ETA elegía como abogado en uno de los municipios que gobernaba a un condenado por pertenencia a la banda terrorista. En concreto, en 1996 la Audiencia Nacional le condenó a 14 años de cárcel por colaborar con el comando que secuestró al empresario Emiliano Revilla.

Mientras, Boye sigue ejerciendo la acusación popular contra el PP en el caso Gürtel.