Caos en Interior: denuncian al dos de Marlaska y a la jefa de la Guardia Civil

Pese al intento de Moncloa de echar tierra sobre el caso de los Cobos y la intención del ministro Fernando Grande Marlaska de aferrarse a su cargo pese al varapalo que ha recibido de la Audiencia Nacional, el escándalo lejos de amainar no deja de crecer. Más aún, cerca ya a toda la cúpula del departamento: al secretario de Estado y la directora de la Guardia Civil.

El PP ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Madrid contra la directora general de la Benemérita, María Gámez, y el número dos'del ministro, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, por un delito de prevaricación debido al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos que fue anulado por un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

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En el escrito, los populares sostienen que el fallo que anula el cese del coronel que mandaba en la Comandancia de Madrid -sobre el que el Ministerio del Interior ha anunciado recurso- se llevó a cabo "sin ningún género la motivación que sustentara este acto administrativo que resulta manifiestamente ilegal".

El partido que lidera Pablo Casado se refiere al cese de Pérez de los Cobos en pleno estado de alarma decretado por el Covid, y que se recogió en la resolución de 24 de mayo de la directora de la Guardia Civil, y que firma el secretario de Estado, por pérdida de confianza y "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".

El PP considera que el "cese fulminante viene a encubrir una sanción" por cumplir el coronel con lo que le había ordenado la juez de Madrid. "Sanción que en ningún caso se hubiera podido producir a consecuencia de un expediente disciplinario como hubiera sido preceptivo, y ello porque no se hubiera podido sostener un procedimiento disciplinario sobre el incumplimiento de un pretendido acto ilegal".

En su denuncia, el PP apunta al ministro del Interior por su responsabilidad en un posible delito de prevaricación que, según apunta, pudo haberse cometido por omisión. En este sentido, señala que debido a su aforamiento, la causa debería elevarse al tribunal competente "llegado el momento procesal en que se observaran posibles responsabilidades penales de su actuación".