26 de Julio de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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La vicepresidenta Carmen Calvo.
La vicepresidenta Carmen Calvo.

El CGPJ da un toque a Calvo: su Ley de Memoria ataca a la libertad de expresión

El preceptivo informe del Poder Judicial sobre la medida estrella de la vicepresidenta critica el texto original por su falta de rigor y por que vulnera principios democráticos esenciales.

| ESdiario España

El Gobierno vuelve a chocar con los órganos constitucionales consultivos. Y, o bien oculta sus informes, caso del Consejo de Estado con los fondos europeos; o bien recibe de ellos varapalos por su falta de rigor, como ha sido el último caso en relación con la ley estrella que prepara la vicepresidenta Carmen Calvo.

Los ponentes del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática advierten de que el texto vulnera la libertad de expresión y explica que la apología franquista de las fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.

 

El texto, redactado por dos magistrados del CGPJ, ha sido repartido este lunes al resto de integrantes del Consejo y forma parte del procedimiento en el que el órgano de gobierno de los jueces debe ofrecer su criterio sobre la nueva norma antes de empiece su tramitación parlamentaria.

En el informe los magistrados precisan que "la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas, que aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión".

El análisis que hacen Roser Bach, magistrada de la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Wenceslao Olea, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, responde a la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática, que establece como causa específica de extinción de las fundaciones "la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales".

Los magistrados consideran "más adecuado que sean los órganos administrativos creados en materia de memoria democrática, y no por el protectorado, los competentes para dirigir la solicitud de extinción de la fundación al juez". Por ello, según consta en un comunicado emitido este lunes por el CGPJ, destacan la necesidad de precisar la redacción del precepto.

En este sentido, los ponentes recuerdan que la incitación al odio contra las víctimas se manifiesta con expresiones que "el legislador puede limitar" en la medida en que afectan la dignidad de estas víctimas.

En el informe, asimismo, se hace referencia al hecho de que se incluya como nueva causa general de extinción de fundaciones que estas "no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo" y pide suprimir dicha previsión.

La propuesta aborda también la intención de la ley de tipificar como infracción muy grave la falta de adopción de medidas para impedir la realización de "actos contrarios a la memoria histórica", es decir, aquellos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial".

Los jueces consideran que este tipo de actos "debería de consigurarse de un modo más omnicomprensivo", siguiendo el espíritu de resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el próximo lunes 7 de junio la propuesta de informe. Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, el texto ha sido repartido este lunes al resto de integrantes del Consejo.