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El Gobierno atenazado ante la amenaza de un paro total del transporte
La huelga de transporte, que hasta ahora solo estaba secundada por una asociación, puede extenderse al resto de las agrupaciones si no se toman medidas urgentes.
La reunión de este lunes entre el Gobierno y el Comité Nacional del Trasporte por Carretera (CNTC) puede marcar un antes y un después. La huelga de transportistas no cuenta con el respaldo de esta asociación, que se ha posicionado a favor del Ejecutivo, pero el encuentro puede hacer saltar por los aires ese respaldo si no se toman medidas "urgentes".
De hecho, el Gobierno lo sabe y, por ello, a esta reunión no ha acudido solo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sino que ha estado acompañada de dos de los pesos pesados del Ejecutivo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
Además, tras una semana de huelga, que en un principio no tenía demasiado seguimiento, cada vez son más los transportistas que se suman a los paros y el único interlocutor válido para el Gobierno ya recuerda que, ante el "alza inusitada del precio del combustible", son "imprescindibles medidas inmediatas de choque".
De hecho, a través de un comunicado han reiterado "la imperiosa necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir, como sea, el actual estado de precios del combustible, sin que sea posible esperar al día 29 de marzo, como ha insistido el Gobierno. Medidas que ya han adoptado los países de nuestro entorno".
Un ultimátum que ya está encima de la mesa y que puede hacer saltar por los aires el respaldo del CNTC al Gobierno lo que llevaría a una huelga total del sector, paralizando la economía española por completo, como ya está comenzando a pasar.
"El país no puede estar parado"
De hecho, el presidente de la CEOE ya ha dado la voz de alarma. Garamendi, que este lunes se reunirá con la vicepresidenta y distintos ministros del Gobierno central para abordar el Plan Nacional de respuesta a la guerra que el Ejecutivo pretende aprobar el 29 de marzo, ha señalado que no se puede permitir "que el país esté parado".
Igualmente, desde el PP llevan días exigiendo al Gobierno que actúe y tome medidas ante los desorbitados precios de los combustibles, tal y como exigen los transportistas, pero también otros sectores productivos, como los agricultores, que este domingo salieron a las calles.
La dirigente del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado al Ejecutivo a tomar medidas cuanto antes. "Escuchen, dialoguen y aprueben medidas ya. ¿A qué espera el Gobierno?", se ha preguntado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
21 de marzo y ni una sola medida de Sánchez.
— Cuca Gamarra (@cucagamarra) March 21, 2022
La España real hoy se ha vuelto a levantar para trabajar. No aguanta más: transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores, autónomos…
Escuchen, dialoguen y aprueben medidas YA.
¿A qué espera el Gobierno? pic.twitter.com/pROzU1BbnF
Mientras tanto, el Ejecutivo parece que no tiene demasiada prisa y continua con su hoja de ruta. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que el Gobierno no descarta conceder ayudas directas a los sectores afectados por los altos precios de la energía, aunque ha insistido en la necesidad de esperar hasta el día 29, tras el Consejo Europeo del próximo fin de semana, para tomar medidas desde el ámbito nacional.
Además, ha vuelto a cuestionar la legitimidad de las protestas. Escrivá ha afirmado que hay que "respetar el derecho a expresar el descontento", pero sí que ha criticado "la oportunidad", es decir, el momento temporal, pues las medidas "están a punto de desplegarse" y el Gobierno está también gestionando "una crisis de refugiados, una guerra y el fin de una pandemia". "Cada uno tiene que juzgar si sus decisiones, que puedan afectar al conjunto de la sociedad indirectamente, tienen la mejor secuencia temporal. Yo lo dejo a juicio de terceros", ha apuntado.
Mientras, la tensión en las carreteras sigue, los paros se acrecientan, en las estanterías de los supermercados empiezan a faltar suministros y los pescadores y ganaderos tienen que destruir sus productos. Pero el Gobierno quiere esperar.
