Sánchez aprovecha el caos en el Congreso para no aclarar sus gastos reservados

Se cumplen dos años sin que se sepa oficialmente a qué dedica el Gobierno de Pedro Sánchez el presupuesto destinado a los gastos reservados. Aprovechando el caos del Congreso, por las disputas y desacuerdos entre partidos, el actual Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se está librando de rendir cuentas, cuando debería hacerlo al menos dos veces al año, según la ley.

En concreto, el Congreso ha cumplido ya dos años sin reunir a la Comisión de control de los Gastos Reservados, el lugar donde el Ejecutivo ha de 'retratarse' en estos menesteres. Y esto supone que durante estos 24 meses no se está ejerciendo el control parlamentario que exige la ley sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni sobre el uso de los fondos reservados en manos de Interior, Defensa y Exteriores.

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La norma que regula los fondos reservados desde 1995 establece, en su artículo 7, que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, "a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales".

Y en esa comisión, añade, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados "informarán semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios", por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión "podrá elaborar un informe para su remisión a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas".

Más retrasos

Pero la Comisión de control de los Gastos Reservados sigue sin crearse un año y medio después de constituirse el Congreso, como tampoco se constituyó en la legislatura corta de 2019 por la convocatoria anticipada de elecciones.

De hecho, la última vez que se reunió la también conocida como comisión de secretos fue hace dos años, el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales para dar paso a las fallidas elecciones generales del 28 de abril.

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Aquel día el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, acudió a este órgano para detallar, a puerta cerrada, el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento. Lo propio habían hecho días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para hablar de sus fondos reservados y, también, de los viajes del presidente Pedro Sánchez, los gastos en inteligencia o la conocida como 'operación Kitchen'.

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Esto supone que durante más de dos años no se está ejerciendo el control parlamentario sobre las actividades del CNI, ni sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno, un bloqueo que tiene su origen en los vetos cruzados entre los partidos que frena la posibilidad de un acuerdo de mínimos para elegir a los integrantes de la comisión.

Y es que, según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.

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Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet. Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político continúa sin resultar propicio para alcanzar ese consenso.