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Emili Quevedo, declarando ante el tribunal
Emili Quevedo, declarando ante el tribunal

Dos jefes de los Mossos crucifican a Puigdemont con su mentira del 1-O pacífico

Reconocen ahora que advirtieron de los riesgos y que lo plasmaron en la necesidad de destinar entre 30.000 y 40.000 efectivos para impedir la celebración del referéndum.

| ESdiario España

Sabían que se poducirían altercados el 1-O y lo pusieron en conocimiento del Gobierno de Puigdemont, pero no se hizo nada por evitarlo. Hasta dos jefes de los Mossos d'Esquadra lo han confirmado en el Supremo.

El que fue máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos en la jornada del referéndum ilegal Emili Quevedo Malo ha ratificao ante el tribunal que juzga el 'procés' independentista que el cuerpo policía autonómico advirtió hasta en dos días diferentes -26 y 28 de septiembre de 2017- de los riesgos previsibles si se mantenía la convocatoria.

Durante su declaración como testigo en el juicio, este comisario de los Mossos se ha manifestado en la misma línea que el exjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra Manuel Castellví, cuya testifical ha concluido este lunes.

Quevedo está investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà (Barcelona) por un delito de desobediencia por su supuesta pasividad al impedir el referéndum, pero se ha prestado a responder a todas las preguntas que le han formulado las acusaciones y defensas, tras ser informado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, de evitar aquellas que considere que pueda perjudicarle en la causa en la que se encuentra inmerso.

A preguntas del fiscal Javier Zaragoza ha empezado explicando que a consecuencia de las instrucciones del fiscal superior de Cataluña encaminadas a impedir el 1-O, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero -que será juzgado próximamente en la Audiencia Nacional-, encargó a su departamento un informe técnico, en el que se plasmó la necesidad de "entre 30.000 y 40.000" agentes de los Mossos para cerrar colegios y establecer un perímetro de seguridad.

 

En otro momento de la declaración, Quevedo ha explicado que los altos mandos de los Mossos advirtieron al expresidente de la Generalitat de las situaciones de peligro que preveían si se celebraba el 1-O. En un primer lugar, el mayor Trapero, que se reunió con él, y con el exvicepresidente Oriol Junqueras y con el exconseller de Interior Joaquim Forn el 26 de septiembre, les manifestó "la preocupación que había en los Mossos por la situación que había en general en el país".

Según le contaron, ya que no asistió a este encuentro, Trapero también les planteó la posibilidad de desconvocar el referéndum, además de insistir en que "indudablemente" los Mossos iban a cumplir con el mandato como "policía judicial". Lo mismo se trasladó en la reunión -"poco habitual", ha calificado- que tuvo lugar dos días después, solicitada por el mayor debido a que la anterior "no había tenido éxito".

Las serias advertencias a Puigdemont

Quevedo ha señalado que fue Castellví quien lo expuso, poniendo de ejemplo que se podrían dar "enfrentamientos entre favorables y contrarios al referéndum" y que uno de los escenarios previstos era los "choques" entre las fuerzas policiales y los concentrados en los colegios electorales.

Aun así, ha añadido, Puigdemont aseguró que sus planes seguían en pie porque el Govern "tenía un mandato que cumplir" y que Junqueras sólo señaló que creía que "no habría ningún tipo de resistencia" contra los agentes de la policía. Posteriormente, a preguntas del abogado de Forn, Javier Melero, ha precisado que los planes y el dispositivo de los Mossos diseñados para el 1-O no se modificaron en ningún momento tras conocer la postura del exGovern.

En dicho encuentro, también se trasladó la "disconformidad" del cuerpo con las manifestaciones públicas realizadas por parte de miembros del gobierno catalán, como Forn. En opinión de Quevedo era contrarias a lo que había dicho en su presentación, tras el cese en verano del anterior consejero Jordi Jané, sobre que "tenía clarar la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser la actividad operativa o el cumplimiento de la ley por parte de la policía".