Castilla y León se tomará 10 días para responder el recurso de Sánchez

En Castilla y León aún tratan de digerir el recurso, a su juicio incomprensible, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado contra la Junta ante el Tribunal Supremo por adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde.

La Abogacía del Estado no ha pedido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo medidas cautelarísimas, sino cautelares, de forma que ahora el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea dispone de diez días, todo un mundo en política, para presentar su informe de alegaciones.

Y a ello se va a acoger la Junta de Castilla y León para que el Gobierno de coalición se cueza en su propia salsa. Según fuentes de la Junta consultadas por ESdiario, no van a tener ninguna prisa para responder en los tribunales. Más bien al contrario: van a apurar esos diez días, en protesta por que se les aplique la vía judicial ("y a Torra la política", resaltan) y para que la presión sobre Sánchez y Salvador Illa se vuelva insoportable.

A la presión de las comunidades se une la de unas cifras absolutamente disparadas

Que ya, de hecho, lo es. Porque a las muestras de respaldo a Castilla y León llegadas en las últimas horas de otras comunidades del PP, el PSOE y hasta del PNV se sumaron, por la tarde, las cifras del peor fin de semana desde el inicio de la pandemia: 84.287 contagios y una incidencia acumulada de 689 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 

Entretanto el Ejecutivo se mueve en una extraña dicotomía. Por la mañana la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, abrió la puerta a atender el clamor de los presidentes regionales el miércoles, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por la tarde, sin embargo, Fernando Simón deslizó en su comparecencia habitual que hay "otras alternativas para controlar la transmisión". "Tenemos opción para controlar la transmisión más allá del toque de queda", sostuvo. 

El Ejecutivo presidido por Fernández Mañueco viene sosteniendo que el decreto del estado de alarma en vigor (del 25 de octubre) sí permite en su artículo 10 a las autonomías adoptar una medida así. 

Éste dice textualmente: "La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, modular, flexibilizar y
suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8, con el alcance y
ámbito territorial que determine".

Desde la Junta insisten en que jamás han buscado entrar en guerra con el Gobierno central

Desde Castilla y León insisten en que nunca han buscado un enfrentamiento con el Ejecutivo central, sino únicamente poner remedio a su "exasperante lentitud". Y recuerdan cómo en el pasado el Gobierno regional del PP y Cs se ha posicionado en ocasiones a favor del Ministerio de Sanidad contrariamente a otras comunidades del PP. Lo hizo Fernández Mañueco cuando votó a favor de los criterios de Illa para confinar perimetralmente municipios de más de 100.000 habitantes (allá por septiembre). 

El recurso del Gobierno por vía judicial, en cualquier caso, ha soliviantado a las autonomías. "Si no van a hacer nada, que sigan como estaban, pero no puede ser que cuando un Gobierno autonómico pone en marcha su estrategia, que hay que respetar, ahora se interesen", se quejó Isabel Díaz Ayuso, comparando el caso de Castilla y León al de la Comunidad de Madrid. 

Desde Baleares a Cantabria, de Castilla-La Mancha a Cataluña, autonomías de todo signo han expresado en las últimas horas su respaldo a Castilla y León frente a Sanidad. "Nosotros también proponemos el toque de queda a las ocho de la tarde, pero hay que ver qué proponen las comunidades colindantes", sostuvo el vasco Íñigo Urkullu en alusión al Consejo Interterritorial del miércoles.

Si finalmente el Gobierno accede a modificar el decreto del estado de alarma, a Pablo Casado se le presentará un dilema: apoyar o no en el Congreso un nuevo marco legal que las comunidades gobernadas por el PP están pidiendo. Llegado el caso, lo más probable es que el líder de la oposición haga como en la votación de octubre, cuando el Pleno aprobó un estado de alarma hasta mayo: abstenerse.