La ley "antiDelgado" que intenta acabar con el asalto de Sánchez a la Fiscalía

Tiene muy difícil prosperar, por el juego de mayorías parlamentarias que concede un rodillo al Gobierno, pero la oposición lo va a intentar hasta el último momento: evitar que la Fiscalía General del Estado acabe en manos de la última ministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

El reto es casi imposible, pero según ha sabido ESdiario los populares han presentado una "ley" en el registro del propio Congreso para tratar que ningún cargo público pueda ocupar tan crucial responsabilidad jurídica hasta que no pasen cuatro años de su salida.

En concreto, la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentado formalmente una Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, de prosperar, sería una auténtica ley "antiDelgado".

Dolores Delgado vuelve a la Audiencia Nacional para unos días y causa estragos

En el texto, al que ha accedido este periódico, se fundamenta la reforma propuesta por los de Pablo Casado así: "En la sociedad española existe una percepción de debilitamiento del principio de separación de poderes y se suceden quejas y reivindicaciones de la ciudadanía por lo que consideran ataques a la independencia judicial".

Y prosigue: "Existe, por tanto, una percepción de que la Justicia en España necesita consolidar su funcionamiento independiente y esto supone un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza de los españoles en la equidad y eficacia del sistema jurídico".

Muy complicado

La idea de los populares es, si no parar, sí al menos marcar a Delgado, que este jueves superará el último escollo parlamentario para llegar al cargo, lastrada desde el primer momento por una incompatibilidad que le obligaría a abstenerse en todo aquello que roce sus anteriores competencias.

"La materia objeto de la modificación no pretende, en definitiva, más que desarrollar los principios constitucionales de independencia, imparcialidad y neutralidad de la Administración de Justicia y del Poder Judicial en la figura del Fiscal General del Estado", se extiende al PP, antes de llegar a una conclusión tan razonable como seguramente inútil.

"Regulando con mayor detalle las causas que impedirían el que los cargos públicos tanto electos como no electos puedan ser designados, sin solución de continuidad, candidatos a Fiscal General del Estado, regulando al mismo tiempo el periodo que debe transcurrir entre el abandono de los citados cargos y la posibilidad de ser designado para el puesto", concluye. Fuentes del PP cifran ese periodo en cuatro años.

Fuentes fiscales añaden a ESdiario su preocupación por la imagen que el nombramiento de Delgado tendrá para el conjunto del cuerpo, compuesto por "profesionales autónomos" que técnicamente no tienen que admitir injerencia alguna, aunque las presiones se dan por descontadas.