El imputado de IU en el caso Neurona señala ante el juez a Podemos como cerebro

El juez Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos, ha dado este viernes un paso más en sus pesquisas con el interrogatorio del administrador que Izquierda Unida designó para la coalución electoral Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Carlos García Ramos ha declarado ante el magistrado que rastrea la cuentas moradas que se fiaba de los contratos celebrados por el administrador de Podemos, Daniel de Frutos, explicando que cada parte realizaba sus propios contratos y solo comunicaba a su socio el detalle de los gastos para no exceder el límite legal.

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García Ramos, que ha comparecido ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de investigado, ha contado al juez Escalonilla que la administración mancomunada de la coalición electoral se basaba en una "colaboración mutua", conforme a la cual cada partido contrataba de forma independiente los servicios electorales que necesitaba y se avisaban únicamente del gasto.

"No se validaban los contratos uno a otro, no se trataba de que los contratos tenían que pasar por uno de los dos integrantes de la coalición, cada uno tenía sus proveedores. Sí había una mancomunidad en relación al exceso de gastos, porque evidentemente hay un tope de gastos en una campaña electoral", ha dicho el abogado de Podemos, Gorka Vellé, sobre la declaración de García Ramos. "A efectos de control de gasto, no de los contratos, había esa colaboración mutua", ha remachado.

De hecho, García Ramos ha precisado a Escalonilla que no tuvo ocasión de leer el contrato entre Podemos y Neurona hasta los meses de octubre y noviembre, una vez transcurrida la campaña electoral, cuando ambos administradores pusieron en común toda la documentación para enviarla al Tribunal de Cuentas, según fuentes presentes en la ronda declaraciones de investigados y testigos que ha tenido lugar este viernes en relación a este caso.

Este caso parte de una denuncia realizada el pasado mes de diciembre por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre supuestas irregularidades en la formación de Pablo Iglesias, entre ellas los contratos electorales con Neurona, las obras de la sede nacional del partido político y los sueldos cobrados por altos cargos.

Tanto Podemos como el administrador de Neurona, Elías Castejón, que ha declarado también este viernes como investigado, han aportado una extensa documentación para probar que los servicios contratados con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 efectivamente se prestaron, una cuestión que constituye en estos momentos el objeto principal de la causa.

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Escalonilla cree que existen "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Podemos -por valor de 363.000 euros- "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

Sigue así el criterio de la Fiscalía, que aprecia igualmente la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en los servicios contratados por Podemos con Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero, a la que describe como "una empresa creada 'ad hoc'" cuyo objeto real sería "la propia financiación del partido desde la cuenta electoral".

El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos -fraude electoral y falsedad en documento mercantil- en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.