Sánchez e Illa llevaban un mes preparando en secreto el "asalto" a Madrid

"Gracias por el caos, Pedro Sánchez". Con esta ironía saludó este viernes Isabel Díaz Ayuso la entrada en vigor de las nuevas restricciones para Madrid impuestas por el Ministerio de Sanidad vía BOE. 

La Comunidad de Madrid presentó este viernes el recurso anunciado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que incluye la petición de la suspensión de la resolución ministerial como medida cautelar. Pero sotto voce en la Real Casa de Correos tienen pocas esperanzas de que su recurso prospere. 

Fuentes jurídicas consultadas por ESdiario explican que el recurso no tiene "ningún viso" de ser aceptado porque en el decreto ley de la nueva normalidad (el que sucedió al estado de alarma) se introdujo la posibilidad de que se adoptaran medidas sanitarias por mayoría sin necesidad de consenso. Si acaso, lo único que puede plantear alguna duda es que el Illazo se haya presentado como orden ministerial y no como decreto ley.

En cualquier caso, el Ministerio de Sanidad sabía que se tiraba a una piscina con agua cuando el pasado miércoles Salvador Illa anunció el confinamiento parcial obligado de la capital y de nueve municipios madrileños pese a no haberse decidido por unanimidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Y lo sabía porque el Gobierno de Pedro Sánchez lo tenía todo atado y bien atado desde la última semana de agosto, cuando todavía la Comunidad de Madrid no registraba siquiera la mayor incidencia acumulada. Por delante estaba Aragón, con 440 casos por cada 100.000 habitantes. Después Madrid con 366 por aquel entonces. 

El 27 de agosto, la abogada del Estado Clotilde de la Higuera emitió un informe urgente en respuesta a una consulta del Ministerio de Sanidad, que se había interesado en conocer las reglas de votación del Consejo Interterritorial y si sus decisiones podrían ser vinculantes sin haber consenso entre las comunidades.

La fecha la desveló este viernes La Información y es clave porque demuestra que desde finales de agosto Pedro Sánchez y Salvador Illa ya tenían en mente la posibilidad de intervenir en Madrid y la forma de hacerlo llegado el momento. Para más inri, el 25 de agosto Pedro Sánchez compareció ante la prensa para delegar en las comunidades la responsabilidad de solicitar el estado de alarma al Gobierno central.

Y el 2 de septiembre el ministro de Sanidad loaba ante las cámaras la actuación de la Comunidad de Madrid: "Está tomando las medidas que tiene que tomar", afirmó Illa aquel día. 

Ayuso junto a varios de sus consejeros el jueves en la Asamblea de Madrid.

Lo curioso es que este jueves la Secretaría de Estado de Comunicación envió un comunicado a la prensa asegurando que el acuerdo del Consejo Interterritorial era "de obligado cumplimiento". Y para ello se hacía eco de ese informe de la Abogacía del Estado, sustentado en dos puntos. Pero en ese comunicado La Moncloa ocultaba la fecha de dicho informe, para no delatarse. 

Los dos puntos del documento son:

Primero. "La norma aplicable en las votaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISN) es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales (como el CISN). Esta ley señala que los acuerdos obligarán a todas las Comunidades Autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso".

Segundo. "Esta Ley deroga todo aquello que resulte incompatible con ella, incluida la regulación establecida en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión, que sólo prevé la adopción de acuerdos por consenso".

Así que en los tribunales a la Comunidad de Madrid le queda poco margen, aunque políticamente la polémica va a continuar, por más que este viernes Sánchez negara haber invadido las competencias del Ejecutivo madrileño. "El Gobierno respeta el marco competencial y plantea una serie de medidas que van a favorecer el que podamos aplanar la curva y frenar los contagios", afirmó el presidente. 

Y mientras, Ignacio Aguado sigue intentando hacer de casco azul desde la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. En La Sexta anunció que tiene intención de sentar a las partes a hablar el martes, en el marco de una nueva reunión del Grupo Covid-19. "Mi papel es tejer acuerdos entre administraciones y entendernos", sostuvo.