| 19 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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El número dos de Iglesias en Podemos, en una de sus visitas al Tribunal Supremo.
El número dos de Iglesias en Podemos, en una de sus visitas al Tribunal Supremo.

El juicio contra el número tres de Podemos sorprende a Iglesias en plena campaña

El magistrado Antonio del Moral argumenta la apertura de juicio oral para Alberto Rodríguez, secretario de Organización de los morados, por un delito de atentado por agredir a un policía.

| J.R.V España

 

"Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido". Este compromiso de Pablo Iglesias en el debate electoral de las generales de 2016 ante la audiencia de toda España ha cobrado la máxima actualidad este lunes, tras la decisión del Tribunal Supremo de proponer procesar -es decir, de decretar la apertura de juicio- al secretario de Organización y número tres de Pablo Iglesias en la cúpula de Podemos, Alberto Rodríguez.

Rodríguez, el primer diputado del partido morado que se aferró a su aforamiento como cargo público y cuyo suplicatorio concedió el Congreso de los Diputados con el voto favorable del PSOE, se va a sentar en el banquillo de los acusados por un posible delito de atentado contra la autoridad, por la agresión a un agente de Policía en el curso de una manifestación.

La decisión del instructor del Alto Tribunal, Antonio del Moral, ha llegado este lunes en un auto que pone fin a varios meses de juego del gato y el ratón del número dos de la estructura orgánica de la formación morada, -el tres de facto tras Irene Montero hasta la designación de Yolanda Díaz- el elegido por Iglesias en junio de 2019 como sustituto de Pablo Echenique al frente del aparato podemita.

Rodríguez se negó primero a prestar declaración de forma voluntaria, como le ofreció el magistrado; después se atrincheró en las Cortes aferrándose a su privilegio de aforado; y por último se vio obligado a ser interrogado tras ser despojado del fuero.

Finalmente, tras interrogarle y cerrar la investigación, el magistrado Del Moral ha dictado este lunes un auto en el que ordena proseguir la causa contra Rodríguez por presunto delito de atentado y falta (o delito leve) de lesiones. Ordena, además, el procesamiento por los trámites del procedimiento abreviado.

El juez da un plazo de diez días al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

 

Pablo Iglesias y Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos.

 

Los hechos instruidos en el Tribunal Supremo ocurrieron el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife) con motivo de una manifestación contra el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante la cual el ahora diputado en el Congreso presuntamente propinó una patada a un policía.

Para el instructor, los hechos investigados "cuentan con una base indiciaria que supera un estándar medio de potencialidad acreditativa, en el bien entendido de que la cuestión de fondo habrá de ser resuelta por el Tribunal competente a la vista de la prueba que pueda desplegarse en el acto del juicio oral".

El auto del magistrado Del Moral añade al respecto que "las declaraciones del agente policial que aparece como supuesta víctima, más la objetividad de los partes médicos conforman un cuadro indiciario suficiente para avanzar en el procedimiento y conferir el correspondiente traslado a la única acusación personada a los efectos del artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Respecto de los hechos que son objeto del procedimiento, el auto indica que en el presente caso aparecen bien delimitados desde el inicio de esta causa en cuanto en su origen está otro procedimiento en que se había abierto el juicio oral (por Juzgado de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife), posteriormente remitido al Supremo tras ser elegido diputado Alberto Rodríguez.

El instructor indica que existen elementos bastantes para considerar provisionalmente al investigado posible responsable de hechos que revisten caracteres de un delito de atentado y una falta (o delito leve) de lesiones.

Durante su declaración ante Del Moral el pasado 4 de marzo, Rodríguez negó los hechos por los que fue imputado y enmarcó las investigaciones en su contra en "la criminalización de la protesta social".