Vergüenza en los EREs: la juez se deja escapar a 12 empresarios amigos del PSOE

Desde que Mercedes Alaya abandonó la instrucción del escándalo de los EREs el socialismo andaluz se ha quitado un peso de encima. No es para menos, porque la lentitud de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y de su juez se refuerzo, Álvaro Martín, está causando auténticos estragos.

Como ya contó ESdiario la semana pasada, los investigadores llevaban días temiéndose lo que finalmente ocurrió este lunes: la confirmación de que 12 empresarios que presuntamente recibieron ayudas ilegales por valor de 150 millones de euros (entre todos) quedarán limpios de polvo y paja porque los delitos de prevaricación y malversación de caudales por los que estaban imputados han prescrito. 

Se trata de las primeras prescripciones de la macrocausa, pero tras ellas podría seguir una larga lista. No en vano el caso continúa en fase de instrucción después de más de cinco años -desde enero de 2011-, suma 276 imputados y ha pasado por las manos de cinco magistrados distintos. Sin embargo, no parece que después de este nuevo escándalo la juez Núñez Bolaños vaya a acelerar el proceso para abrir juicio oral cuanto antes. 

La noticia es pésima por la impunidad con la que van a seguir moviéndose empresarios como José Bermúdez Ávila, que se llevó 390.657,87 euros que ahora sólo se le podrán reclamar -con mínimas esperanzas de recuperarlos- por la vía de responsabilidad civil. O Luis García García, el secretario de Organización del PSOE en Las Navas de la Concepción (Sevilla), que recibió 270.455,44 euros.

Sin embargo, no se ha oído a un solo socialista quejarse de la mayor injusticia de la instrucción de los EREs, ni siquiera pronunciarse. Es más. A pesar de su gravedad, el asunto ha pasado casi inadvertido en la prensa, para satisfacción del PSOE, que sabe bien como desviar la atención.

No en vano este lunes el foco informativo estaba en Valencia. Por una parte por la imputación del PP como persona jurídica en la pieza separada del caso Imelsa que afecta al grupo municipal en el Ayuntamiento valenciano, en el que hay otros 48 imputados por supuestas donaciones para el posterior blanqueo de capitales; por la otra parte por el ofrecimiento del titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia a Rita Barberá para que declare voluntariamente antes de decidir si eleva el caso al Tribunal Supremo (Barberá es senadora y por tanto aforada). 

Desde que se fue Alaya no han dejado de producirse cosas extrañas en el caso de los EREs. Como que el juez de refuerzo comunicara a las partes con tres días de retraso la providencia en la que llamaba a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán el miércoles 16 de marzo.

El escrito, como contó este periódico, estaba firmado el viernes 4 de marzo, día de la votación definitiva para la investidura de Pedro Sánchez; pero quedó guardado en un cajón hasta el lunes 7, por suerte -demasiada- para el candidato socialista.