Las comunidades se rebelan para exigir el dineral que Sánchez les adeuda

Si los Presupuestos Generales del Estado aprobados por Sánchez y sus socios ya no cuadraban, una vez que se han realizado en base a unas previsiones de crecimiento que ahora ha tenido que rebajar, otro frente se ha abierto para dejar un agujero en las cuentas difícil de solventar. La devolución del IVA de 2017 es otra piedra más en el zapato del Gobierno, ya que las Comunidades Autónomas exigen su dinero una vez que la justicia les ha dado la razón.

Hace pocos días, el Supremo dio la razón a la Junta de Castilla y León al estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto y condena al Estado a pagar a la Comunidad la compensación correspondiente por las repercusiones en la liquidación del IVA de 2017, realizada por el Ejecutivo de Sánchez en 2019 y que solo cubrió once de los doce meses del citado ejercicio, porque se negó a corregir previamente el sistema para evitar el problema detectado.

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 Una situación extensible al resto de comunidades que Hacienda debe resolver de manera inmediata, evitando la judicialización de una cuestión tan evidente que sólo la sinrazón del Gobierno ha impedido que se resuelva al margen de los tribunales.

 De hecho, varias de ellas ya tienen el asunto en manos de la justicia, como es el caso de Andalucía, donde el Ejecutivo de Juanma Moreno acudió a la vía contencioso administrativa para recuperar los 534,3 millones de euros de este impuesto o la Xunta de Galicia, que demandó por vía judicial al Estado esta liquidación del IVA de 2017 y espera conseguir los 204 millones correspondientes.

También gobiernos socialistas como el de Emiliano García-Page plantearon un recurso ante la Audiencia Nacional con unas estimaciones que pasan por un total de 130 millones de euros, mientras que el ejecutivo cántabro de Miguel Ángel Revilla espera recuperar su parte.

Los dirigentes regionales tienen claro que el Estado "debe a las Comunidades esa mensualidad y la tiene que pagar

Por su parte, el Gobierno de Murcia enviará de nuevo un requerimiento al Ministerio de Hacienda para solicitar el pago de esa cantidad, que en el caso de esta región ascendía hasta los 85 millones de euros y avisan que, en caso de que esa formalidad no sea atendida, irán a los tribunales.

Otros como el gobierno balear o el valenciano apuestan por llegar a un entendimiento con el Estado para que les abone las cantidades adeudadas, pero todos coinciden en que “debe a las Comunidades esa mensualidad y la tiene que pagar”, tal y como ha señalado Ximo Puig.

Mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que siempre ha sostenido que no se podía devolver porque "ese dinero ya no existe", ha cambiado la versión y ha culpado al Gobierno del PP. "Esta situación deviene de una actuación de Montoro", ha asegurado haciendo referencia al exministro del PP Cristóbal Montoro.

Pero lo cierto es que, aunque se refieren a cantidades referentes al último mes de 2017, Sánchez desembarcó en la Moncloa en 2018 y se podría haber regularizado una situación que se ha enquistado y que han tenido que dirimirla los tribunales por puro empecinamiento del Gobierno.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, culpa al PP

De hecho, en enero del año pasado, cuando esta reivindicación de las CCAA cogía fuerza, Montero achacaba al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos la no devolución de 2.500 millones que estaban presupuestados para corregirlo, pero con unas cuentas ya aprobadas parece que aún no se ha tenido en cuenta y el agujero al que se enfrenta Sánchez es cada vez mayor.

Así, la ministra ha señalado que "ante el pronunciamiento de los tribunales el Gobierno estudiará a fondo esta cuestión, son recursos para el año 2019 que como no se dieron se tradujeron en déficit", por lo que, a su juicio, para encontrar "cualquier solución habrá que estudiar el conjunto de la jurisprudencia que hay y será una solución para el conjunto de los territorios", ha dicho.

Sin embargo, la primera discrepancia que hay sobre la mesa es la cantidad adeudada, los gobiernos autonómicos confían que, tras esta sentencia, se puedan recuperar hasta un total de 4.150 millones de euros por este asunto, según explicó el presidente de Castilla y León, mientras que el Ministerio de Hacienda lo cifra en un total de 2.500 millones.

El PP ya ha acudido al Congreso para exigir los pagos

Mientras tanto, desde el PP ya se ha lanzado una ofensiva parlamentaria para exigir al Gobierno que abone las cantidades adeudadas, presentando varias proposiciones no de ley, que se debatirán en el Pleno del Congreso, con la intención de obligar a Hacienda a dar "cumplimiento inmediato" a esta sentencia del Supremo.

Además, han cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "solo cubrir once de los doce meses del ejercicio de 2017" porque, según argumentan, "se negó a corregir previamente el sistema para evitar el problema detectado". Exigen que lo haga ya para evitar la judicialización de "una cuestión tan evidente que solo la tozudez del Gobierno ha impedido que se resuelva al margen de los tribunales".