Revientan el secreto de sumario ante las cámaras y el juez Velasco lo permite

Ha vuelto a pasar. La Operación Lezo, que ha llevado a la detención de Ignacio González y otras 11 personas por presunta corrupción en el Canal de Isabel II (acusados de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental), ha desatado un tsunami mediático. 

A la hora en que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (la OCU) llegó al domicilio del expresidente de la Comunidad de Madrid en el madrileño barrio de Aravaca había cámaras de televisión apostadas a la entrada de la urbanización; y durante toda la mañana la prensa ha dado todo tipo de detalles no sólo sobre el operativo montado, sino también de la investigación que lo ha motivado.

Al inicio de su comparecencia ante los periodistas Cristina Cifuentes recordó que se trata de un caso bajo secreto de sumario. Y es eso precisamente lo que rechina a los populares, que no dan crédito a la riada de filtraciones.

¿Cómo es posible que si el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -con quien el PP ha tenido serias disputas- ha ordenado silencio sepulcral en torno al sumario se estén conociendo ciertos pormenores de éste?

Por ejemplo varios medios adelantan que se estaría investigando una posible financiación ilegal del PP de Madrid a través del desvío de fondos del Canal de Isabel II. Así como también la compra, por parte de González, de empresas en Latinoamérica por un precio superior al que tenían en el mercado. Y los registros ligados a la empresa pública Mercasa, de la que es directivo Pablo González, hermano del expresidente madrileño. 

@ccifuentes: "Este asunto está bajo secreto de sumario. Yo solo reitero que desde la @ComunidadMadrid estamos colaborando con la justicia" pic.twitter.com/EEOOvua07c

— Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) April 19, 2017

Por lo pronto este mismo miércoles declararán ante el juez Velasco como testigos Cristina Cifuentes y el portavoz de su Gobierno y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido.

Su declaración tiene que ver con el informe que trasladaron a la Fiscalía tras encontrar anomalías en las filiales del Canal en Iberoamérica y que motivó la investigación posterior.