| 27 de Noviembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Investigación Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía Sostenibilidad ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía Suscribirse
Pablo Iglesias e Irene Montero
Pablo Iglesias e Irene Montero

Anticorrupción manda a Iglesias y Montero al Supremo por alterar sus primarias

La Fiscalía Anticorrupción ha derivado la denuncia interpuesta al Alto Tribunal por la condición de aforados de los dirigentes de Podemos, acusados de un presunto pucherazo en Vistalegre III

| Andrea Jiménez España

Los problemas judiciales se le acumulan a Podemos. El 'caso Neurona' sigue dando que hablar, sobre todo después de que la exabogada de la formación, Mónica Carmona, acusara a Irene Montero de utilizar a una de sus asesoras como niñera, pero ahora otra causa llega al Supremo: los presuntos amaños cometidos en la celebración de Vistalegre III donde Iglesias fue reelegido como líder del partido.

Y es que, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) la denuncia presentada por Fernando Barredo, el rival Iglesias, en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de la formación morada, después de que éste denunciase las presuntas irregularidades cometidas a la hora de elegir al líder de la formación en medio de la pandemia.

 La teniente fiscal de Anticorrupción, María Belén Suárez, ha indicado que "los hechos expuestos no son competencia de esta Fiscalía Especial" por lo que ha acordado "su remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo al tener condición de aforados dos de las personas denunciadas", en referencia al propio Iglesias y a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Barredo presentó una denuncia contra el Consejo de Coordinación de Podemos, la ejecutiva del partido, del que ambos forman parte, por presuntos delitos de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos por, según sostiene, haber vulnerado los estatutos y el código ético de la organización política, entre otros documentos internos, en Vistalegre III.

En la denuncia interpuesta por Barredo, tal y como ya informó ESdiario, se sostiene que las irregularidades consistieron, por un lado, en la aceptación de las candidaturas de Iglesias, así como de Irene MonteroIone Belarra y Noelia Vera, de forma ilegítima ya que el Código Ético de Podemos, que debe cumplirse para competir en unas elecciones primarias, limita "el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución".

Barredo acusa a la cúpula de Podemos de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos

 Además, indica que desde la candidatura de Iglesias el sistema de recuento de votos "fue manipulado al ampliar el número máximo de candidatos, de tal manera que coparían todos los puestos" del Consejo Ciudadano Estatal.

Junto a ello, indica que, tras paralizarse por el estado de alarma, el proceso electoral se reinició "sin previo aviso" y "con unas nuevas reglas" que permitieron alterar las candidaturas y los documentos presentados y cerrados en marzo sin los requisitos exigidos entonces, y todo ello, añade,  se ha hecho conforme a normas dictadas por los máximos órganos de Podemos, habiendo además, en el equipo técnico, responsable de las elecciones primarias, candidatos de la lista presentada por Iglesias.

Esto permitió, a juicio del denunciante, "alterar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, modificando documentos, y lo que hiciera falta, para alterar el resultado electoral desde su posición dominante, en la que actuaban como jueces y como parte".

De esta manera, Barredo ya solicitó la anulación de las primarias, así como la celebración de unas nuevas "con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos", en la que se respeten las normas internas y que se lleve a cabo "con la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, incluyendo el acceso por parte de éstos al censo de inscritos y estableciendo los mecanismos oportunos para la fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y escrutinio públicos de los resultados".