21 de Junio de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Tribunales Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía Sostenibilidad ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía
El Gobierno ha salido en tromba para marcar distancias con el Supremo.
El Gobierno ha salido en tromba para marcar distancias con el Supremo.

El Gobierno desprecia al Supremo y contesta que la decisión es sólo de Sánchez

Calvo, Ábalos e Iceta salen en tromba con el mismo argumentario adelantado por el presidente en Bruselas. Ignoran el informe del tribunal y advierten de que la decisión la toma Moncloa.

| J.R.V España

Como suele decirse coloquialmente, el Gobierno ha despejado con cajas destempladas el informe del Tribunal Supremo contra la concesión de los indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O. Pese a su contundencia y la claridad de su argumentación expositiva.

Lo ha hecho con la mayor claridad uno de sus pesos pesados, José Luis Ábalos, al marcar territorio dando a entender que la decisión de Pedro Sánchez está ya tomada sin escuchar la opinión del tribunal sentenciador. El número tres del PSOE lo ha hecho, además, con escasas dotes diplomáticas y sin tiempo para haber analizado con profundidad el informe judicial.

 

Así, el Ejecutivo ha querido dejar claro que la decisión final sobre este asunto le corresponde tomarla al Consejo de Ministros en función del análisis que haga el Ministerio de Justicia, y que se trata además de un procedimiento legal y ajustado a derecho. 

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Transportes y también secretario de Organización socialista en declaraciones a TVE, antes de volver a manifestar que el Gobierno se guiará por el espíritu de "concordia" y no por "venganza", cuando tenga que tomar esta decisión. El mantra que puso en circulación este martes desde Bruselas el propio presidente.

"Con razón de utilidad pública y de interés general es como se tiene que plantear la medida, si finalmente se adopta, que lo será en función de los informes del Ministerio de Justicia y la decisión que tome el Consejo de Ministros, que lo hará en base a un proceso reglado, no solo en ese contexto meramente legal, sino con la voluntad de convivir pacíficamente", ha explicado Ábalos.

Poco antes, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido que el indulto es un derecho que tienen todos los españoles.

 

El ministro Iceta, este miércoles, se apunta al argumentario de la "concordia" para desoir el informe del Supremo.

 

Después, el tercer ministro en salir al ruedo ha sido Miquel Iceta. Siguiendo a pies juntillas el mismo argumentario, el ministro de Política Territorial y Función Pública ha recordado que el informe de este órgano "no es vinculante" y que, por tanto, será el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el que formulará su propuesta final ante el Consejo de Ministros.

 

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, este miércoles en un acto público.

 

Iceta ha afirmado que el Ejecutivo "respeta siempre" las decisiones de los tribunales, aunque insiste en que este informe es preceptivo y no vinculante y que, al contar ya con este documento y los emitidos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el Gobierno tiene ya sobre la mesa la decisión sobre este asunto.

El "recado" del jefe de los jueces

Sin entrar en polémicas, en el debate ha terciado también el propio presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que -él sí- en lenguaje mucho más diplomático que el de Ábalos ha lanzado un recado al Gobierno.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha advertido de que un indulto es "difícil de aceptar" cuando no hay concordia, en referencia a las palabras de Pedro Sánchez sugiriendo que concederá la medida de gracia a Oriol Junqueras y el resto de los líderes independentistas.

Lesmes ha advertido de que el indulto "como medida de concordia puede ser entendido e incluso aceptado", pero ha insistido en que "cuando no hay concordia es difícil de aceptar". El jefe de los jueces ha explicado en el Foro Justicia ICAM que se trata de una "prerrogativa del poder político", a su juicio "libérrima en cuanto a su concesión" aunque ha apostillado a continuación "si bien controlable judicialmente aunque de forma limitada".