| 29 de Noviembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Irene Montero
Irene Montero

Los acusados de homofobia deberán demostrar su inocencia aunque no haya pruebas

Irene Montero ha conseguido aprobar un anteproyecto de ley que hace saltar por los aires los principios básicos de cualquier Estado de Derecho.

| L. F. España

Irene Montero ha dado una sonada patada a la Constitución con su anteproyecto de la ley trans y derechos LGTBI.  Acaba de un plumazo con uno de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho, el de la presunción de inocencia. Ahora el supuesto 'culpable' será el encargado de demostrar que no ha cometido delito alguno.

De hecho, el borrador de la norma aprobado este martes en el Consejo de Ministros, no solo permite a los mayores de 14 cambiar de sexo sin pruebas y sin testigos con un mero trámite administrativo, sino que también se invierten las reglas relativas a la carga de pruebas cuando se trate de agresiones relacionadas con la discriminación hacía personas LGTBI.

 Es decir, ahora los acusados por una persona LGTBI deberán demostrar su inocencia aportando pruebas, quedando en nada su derecho a la presunción de inocencia, en definitiva, serán culpables hasta que se demuestre lo contrario. Así lo recoge el anteproyecto de ley dentro del título tercero de la reforma legislativa centrado en la 'protección efectiva y reparación frente al discriminación y la violencia por LGTBfobia', recogido en el primer capítulo dedicado a las medidas generales de protección y reparación.

En el texto se señala, tal y como avanza La Razón, que una vez que el demandante "alegue discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia", directamente "corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

La normativa incluye la asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para los denunciantes. Y exige a las administraciones públicas que actúen de forma "integral, real y efectiva" con carácter "inmediato". Incluye además "la adopción de medidas cautelares, la prevención de violaciones inminentes o ulteriores, la indemnización de los daños y perjuicios causados y el restablecimiento de la persona perjudicada en el pleno ejercicio de su derecho".

Las sanciones que aparecen en la normativa oscilan entre los 200 euros para las leves, entre las que se encuentran emitir expresiones vejatorias por condición o identidad sexual, hasta 150.000 euros las más graves como la difusión, realización o promoción de métodos de aversión, conversión o contraacondicionamiento. El texto también recoge ciertos castigos que se podrán tomar en referencia a las agresiones o discriminaciones como el cierre del local donde se hayan producido.  

En materia de educación se considerará muy grave la elaboración o utilización de material didáctico que represente a las personas LGTBI como inferiores por denigrar su dignidad humana.

Montero se enfrenta a las feministas

Las redes sociales han comentado este anteproyecto que no ha sido bien recogido por los usuarios, incluso las feministas clásicas, entre las que se encuentra la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha preferido guardar un escrupuloso silencio, ya que ven que en el articulado un peligro para los derechos de las mujeres.

Calvo confía en ir modulándolo conforme vaya pasando los filtros de los distintos órganos consultivos, acogiéndose al precedente del anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, también del Ministerio de Igualdad. La vicepresidenta cree que la ministra de Igualdad ha ganado una batalla en torno al anteproyecto de la ley LGTBI y trans, pero no la guerra. Y no piensa darse por vencida.

Sin embargo, Irene Montero ha preferido desoír a gran parte del movimiento feminista que estaba en contra de su Ley Trans. La ministra de Igualdad ha decidido que su manera de ver el feminismo es la única válida a día de hoy, porque, a su juicio, servirá para hacer "un país mejor", aunque ahora se salte uno de los principios fundamentales de cualquier país democrático.