Romeva emula a Junqueras y tampoco se atreve a dar la cara ante el fiscal y Vox

Como Oriol Junqueras y frente a la postura adoptada por la mañana por Jordi Turull (PDeCAT), el exconsejero de Exteriores de la Generalitat, Raúl Romeva, ha enmudecido literalemente en la sala del juicio contra el procés, en el Tribunal Supremo.

Nada más allá que un nuevo mitin político, rasgos de victimismo -"este es un juicio político", ha denunciado- y respuestas a las amables preguntas de su abogado defensor. Pero silencio total ante la Fiscalía y ante la acusación popular de Vox. "Las únicas armas que han habido han sido los de la Guardia Civil. Es pernicioso decir que hubo un alzamiento", ha dicho.

Marchena le para los pies a Turull cuando trataba de dar un mitin en el Supremo

Romeva sigue así la estrategia de defensa ya vista en el exvicepresidente Oriol Junqueras, ya que ha decidido no contestar a las preguntas de las acusaciones al considerarse un "preso político" sujeto a un "juicio político".

Por eso, Romeva ha comunicado al tribunal que preside Manuel Marchena, tras ocupar la silla destinada para las declaraciones de acusados y testigos, que únicamente responderá a las cuestiones que le plantee su abogado, Andreu Van Den Eynde, quien también defiende a Junqueras.

Raül Romeva: “Em considero un pres polític” #JudiciTV3CatRàdiohttps://t.co/j62Vz8RNau pic.twitter.com/mQLj7X2QTx

— 324.cat (@324cat) 19 de febrero de 2019

"En coherencia con lo que he hecho durante la instrucción, voy a declarar sólo a las preguntas de mi abogado. Y porque considero que esto es un juicio político. Me considero un juicio político", ha afirmado el exconsejero, quien también ha expresado su queja por no contar con una traducción simultánea del catalán durante su interrogatorio.

El Ministerio Público solicita para el exconsejero 16 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación, mientras que la Abogacía del Estado rebaja su petición a 11 años y medio de prisión al acusar sólo de sedición y malversación. Vox, por su parte, ha elevado la solicitud de pena hasta los 74 años por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación.

Sobre la actuación concreta de Romeva en los hechos que se juzgan, la Fiscalía afirma que participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior (que funcionaban como embajadas); de la campaña internacional de la Generalitat; así como las páginas web internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales.

La defensa de Romeva insiste, por su parte, en que no hubo ningún alzamiento violento y, por tanto, se debería descartar el delito de rebelión. También dice que la votación del 1 de octubre era legal y que existe una causa general contra el independentismo.