Podemos exige la "laicidad" total y expropiar bienes a la Iglesia

Uno de los derechos recogidos en la Constitución es el de la libertad de creencias. Uno de los más elementales y que se suma al artículo 16.3, que dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Es decir, que España está obligada a cooperar con el catolicismo, religión mayoritaria en el país. Pero eso puede cambiar: Unidas Podemos ha exigido en el Congreso el impulso de una ley orgánica que ha llamado de “Libertad de Conciencia”. En ella, los de Podemos aseguran que se "garatizaría la laicidad" total del Estado. 

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Sin embargo, dentro de esa Ley hay una propuesta que va en contra de todos los convenios firmados con el catolicismo: que el patrimonio con categoría de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas se declaren de dominio público, es decir, del Estado. 

Por ello, la formación de Ione Belarra ha exigido derogar los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, así como los pactos existentes de este tipo con otras confesiones minoritarias. Una Ley que viene a desempolvar un tema ya debatido en el Congreso, como es el de las inmatriculaciones de la Iglesia. 

De este modo, Podemos exige recabar de los registros de propiedad el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 a 1998, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vigente en ese periodo. El objetivo: recuperar esos bienes inmatriculados.

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Y como no podía ser de otra forma, este Ley responde a las políticas establecidas hace 50 años por Franco. Según Unidas Podemos y su grupo confederal, desde la aprobación de la Constitución en 1978, España "acusa una carencia de legislación en materia de libertad de conciencia", que cubra "todo tipo de convicciones personales", así como "regular la laicidad institucional y la correspondiente separación Iglesia-Estado".

Una situación, según la formación morada, fruto "en gran medida del pasado dictatorial nacional-católico, un anacronismo que debe ser superado para equiparar al país con los Estados del entorno”. Pero lo que muchos expertos en derecho están señalando es que hace 41 años que España tiene una ley especifica que garantiza que quien quiera practicar el catolicismo lo haga y quien no, esté protegido ante la Ley. 

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Esa Ley es la de Libertad Religiosa que recoge la libertad ideológica y de culto, pero que según ha reconocido Podemos, no es suficiente porque responde a un contexto histórico "ya superado", dado que España ha avanzado en "pluralidad en cuestiones ideológicas, religiosas y de opciones de pensamiento”. 

Por ello, desde Podemos quieren aprobar su nueva Ley para "superar el vacío legal soportado hasta el momento, regulando la libertad de pensamiento y conciencia, a nivel tanto individual como colectivo, y a su vez actualizar la legislación referente a la libertad religiosa, al igual que la necesidad de garantizar un tratamiento igualitario para toda la diversidad de la sociedad española en este aspecto”.

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Una ley que “debe ser extensiva y sensible a todas las opciones de conciencia y pensamiento posibles, sustituyendo a Ley de Libertad Religiosa”, aunque no explican por qué la actual Ley no sirve, más allá de la explicación de que fue aprobada en 1980 y, para ellos, supone mucho tiempo en activo. 

Por supuesto, como era de esperar, Podemos y sus confluencias han asegurado que quieren suprimir todos los Acuerdos con la Santa Sede por lo que suponen de "clave de bóveda de los privilegios de todo tipo de la Iglesia católica", como "herencia persistente del nacionalcatolicismo”. 

Una decisión que llega solo meses después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz acudiese al Vaticano a una recepción con el Papa Francisco que calificó como “muy emotivo”, aunque ella misma se había referido en numerosas ocasiones en contra de los Tratados con la Santa Sede e incluso a favor del aborto y eutanasia, prácticas que el catolicismo descarta por completo.