14 de Junio de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El decreto decaído permitía incorporar a los liberados
El decreto decaído permitía incorporar a los liberados

Un "olvido" del Gobierno permite vacunar a liberados sindicales sin trabajar

El Gobierno no renovó el decreto que les obligaba a reincorporarse a un trabajo que no atienden pero les da la posibilidad de colarse a otros grupos, como en Asturias.

 

La "lista negra" de altos cargos vacunados antes de que les tocara sigue creciendo y alcanza ya los 700 casos, de todos los ámbitos, en plena crisis de abastecimiento par Europa que, en el caso de España, incluso ha llevado a suspender o retardar la campaña de inmunización en al menos diez Comunidades Autónomas.

Entre los excesos, se ha dado a conocer en las últimas horas el de un grupo indeterminado de liberados sindicales adscritos al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) que, junto al personal directivo de la Sanidad andaluza, fue inmunizado con un sorprendente argumento que acaba de difundir la Consejería del ramo: por si acaso se reincorporan "a filas" en tareas sanitarias, algo que muy pocos de su condición han hecho desde el inicio de la pandemia.

Fuentes oficiales consultadas por ESdiario ponen como ejemplo el caso de Andalucía, donde solo han acudido a la llamada de la emergencia sanitaria algo más de dos decenas de personal que no acude a su puesto de trabajo por la dispensa legal de atender al sindicato.

 

Los últimos datos conocidos apuntaban que apenas 23 empleados de los más de 700 liberados de funciones se reincorporaron a su puesto para atender la pandemia. Y algo similar pasó en Madrid, al menos al comienzo de la pandemia, según confirman fuentes regionales a este periódico: entonces, se dio constancia de 144 reincorporados sobre un máximo de hasta 800, una cifra que representa el 18% del máximo posible.

Un decreto del BOE obligaba a trabajar a los liberados sindicales, pero declinó al terminar el primer estado de alarma

La polémica está servida toda vez que, según ha constatado ESdiario, no se ha renovado el decreto de urgencia impulsado por el Gobierno el 25 de marzo que permitía a las autoridades reclutar a estudiantes de MIR y obligar a los liberados a retornar al servicio: 

"El personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales deberá reincorporarse de forma temporal para desempeñar sus funciones en atención a la situación generada por el Covid-19.La reincorporación de estos trabajadores no supondrá el cese del personal sustituto que pudiera existir".

No se renovó

Esa orden declinó al acabar el primer estado de alarma impulsado por Pedro Sánchez, el mayo pasado pues, sin que conste la aprobación de una medida de urgencia similar ni para la segunda ola ni para la tercera pese a que el Gobierno sí volvió a impulsar otro estado de alarma, vigente en la actualidad y hasta la próxima primavera.

Eso permite que la vuelta a la primera línea sea ahora mismo opcional y voluntaria y que, además, pueda beneficiar pese a la escasez de viales a personal sanitario que sin embargo no trabaja, como ha ocurrido en Asturias.

 

El decreto del BOE no renovado que permitía obligar a trabajar a los liberados

 

En plena sequía de Pfizer y Astra Zeneca, que ha dejado a España con solo 400.000 viales disponibles y más de un millón de personas esperando la segunda dosis de un tratamiento que ya iniciaron, el beneficio procurado a estos "trabajadores" es aún más llamativo. Especialmente cuando no hay fechas confirmadas de reanudación de la campaña y la tensión entre las farmacéuticas y la Unión Europea por los flagrantes retrasos está en su punto máximo.

Excesos sanitarios

El caso de Asturias confirma los excesos cometidos en departamentos sanitarios de toda España que, por ejemplo, se cobraron la dimisión de los dos responsables de esa Consejería en Murcia y Ceuta.

Pero hay más, mucho más. Y no todos lo han pagado viéndose obligados a abandonar el puesto, como sí tuvieron que hacer el Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (Alicante), José Antonio García Gómez, o la gerenta del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón.

 

En las últimas fechas se ha conocido también que incluso la madre de la directora médica de Atención Primaria de Cantabria, Beatriz Josa, fue vacunada contra la Covid-19 hace dos semanas, cuando la campaña de vacunación se dirigía a personal sanitario del servicio de emergencias del 061. 

Todos ellos se suman a una larga lista en la que también aparecen 200 trabajadores, del área sanitaria de Pontevedra, el director médico del Hospital de Andújar (Córdoba), varios directivos de una empresa de ambulancias, el responsable de una empresa gestora de residencias en Vizcaya y los directores y otros trabajadores no esenciales del Hospital de Basurto.

Más casos por toda España

Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, había cifrado en 200 las personas que ya se habrían vacunado en la región valenciana pese a no ser del primer grupo de vacunación. Por su parte, en la Región de Murcia, además del consejero de Sanidad, que ya dimitió, al parecer se habrían vacunado más de 400 altos cargos y funcionarios de esta Consejería, algo que ha provocado la confrontación entre el Gobierno y la oposición, que pide, al igual que la Fiscalía, conocer la lista de estas personas que ya se han vacunado.

En el caso de Extremadura, para sortear ese problema se ha modificado el decreto, de manera que se pueda legalizar una vacunación de ciertos cargos sin incurrir en irregularidades que, por último, sí ha cometido una treintena de alcaldes repartidos por toda España. Y todo ello nada más conocerse que, según Alemania, el retraso en las nuevas remesas de vacunas puede ser de hasta diez semanas.