ETA ya se frota las manos con la política de “celdas abiertas” del PNV y Sánchez

No han pasado ni dos días desde que Miquel Iceta entregara al PNV las llaves de las tres cárceles vascas, una exigencia de Bildu para aprobar los Presupuestos de Sánchez, y ya se pueden percibir las consecuencias que harán que, literalmente, ETA y sus presos puedan frotarse las manos.

El Gobierno de Urkullu ya ha remitido al Parlamento Vasco el documento “Bases para la implantación del modelo penitenciario de Euskadi”, según confirman fuentes de la institución a ESdiario. Y se trata de la “hoja de ruta” para lograr el objetivo de que todos los terroristas, por una razón u otra, puedan lograr la semilibertad a muy corto plazo.

Escondida en un ramillete de medidas genéricas para toda la repoblación reclusa, el PNV ha decidido incluir a los criminales entre el resto de reos, sin ninguna distinción, para hacerles beneficiarios de la misma “generosidad”. 

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 A unos les llegará la medida de gracia por tener condenas inferiores a los cinco años. A otros por tener más de 70 años o cuando alcancen esa edad. Y a algunos más por las enfermedades que puedan desarrollar, que serán contempladas como razón suficiente para proceder a la excarcelación. Incluso soportar una “larga condena” puede ser suficiente para obtener la semilibertad, lo que beneficiaría potencialmente incluso a los etarras con delitos de sangre.

La voluntad de esconder la intención real existente detrás de la cesión de Sánchez se percibe en unas pocas líneas incluidas en un documento de 15 páginas que revela, sin embargo, el favor a ETA:

“El tratamiento de las personas privadas de libertad con condenas de larga duración que han cometido delitos de terrorismo como miembros de ETA ha de ser sustancialmente idéntico que él que se realice con otras personas que estén internadas en los centros penitenciarios del País Vasco, por lo que las decisiones y medidas contenidas en este documento podrán ser también aplicables a aquéllas".

Los privilegios

La traducción de esa decisión se encuentra en el catálogo de privilegios que el PNV va a reconocerle al conjunto de la población reclusa para dar conseguir que "un mayor número de personas privadas de libertad cumplan sus condenas en un régimen de semilibertad".

En ese sentido, el PNV opta por clasificar positivamente al conjunto de los presos en situaciones que, nuevamente, beneficiarían a terroristas, al obligarse a tener en cuenta "las circunstancias y necesidades de personas con enfermedades graves, así como de internos mayores de 70 años o con periodos de largas condenas".

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Según Interior un 23% de los presos de ETA ya están en cárceles vascas y no se descarta que, siguiendo la política penitencia de Sánchez y Marlaska, sean muchos más lo que acaben en penales de la Comunidad de aquí a octubre, cuando el Gobierno de Urkullu ponga en marcha su política penitenciaria. Aunque la cifra puede ser mucho mayor.

Según la información oficial consultada por ESdiario, antes de transferir las cárceles al PNV, el Gobierno de Sánchez ha acercado al País Vasco desde 2018 a 180 etarras, 89 de ellos con crímenes a sus espaldas. La expectación es tal que el colectivo Etxerat, que agrupa a familiares de terroristas encarcelados, ya presume de haberse logrado el acercamiento del 73% de ellos, lo que derriba el discurso oficial de que solo uno de cada cuatro reos estará bajo la potestad de Urkullu.

La realidad es que, de aquí al próximo otoño, buena parte de los presos de ETA quedarán bajo jurisdicción vasca y que, a continuación, se da por hecha la aplicación de medidas de gracia con distintas justificaciones.

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Etxerat lo deja muy claro en una de sus últimas comunicaciones, firmada a uno de mayo, antes del traspaso, con un texto que coincide plenamente con el espíritu que el PNV ya ha registrado para su política penitenciaria laxa.

"Avanzamos por lo tanto, hacia un nuevo escenario, estamos conociendo una situación mejor para las y los presos, y para nosotros los familiares, y es a partir de ahora precisamente, una vez que el empuje de la sociedad vasca, de los agentes políticos y sociales acaba dando sus frutos y se va rompiendo el bloqueo del Estado español, cuando planteamos reanudar el trabajo para poner fin al resto de medidas", dijeron.

En esa misma línea, 80 municipios de la Comunidad vasca ya han suscrito el llamado Acuerdo de Euskalduna, destinado a impulsar la vía que, entre Madrid y Vitoria, entre Sánchez y Urkullu, ya es definitivamente oficial. Y todo ello con 379 crímenes de ETA aún pendientes de aclaración, con un manto de olvido que el propio Parlamento Europeo ha considerado necesario investigar.