| 05 de Diciembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Susana Díaz
Susana Díaz

Los "chanchullos" de los ERE regresan para amargar el año a Susana Díaz

El magistrado investiga las ayudas a la empresa Altadis por parte de la Junta de Andalucía y procesa en calidad de responsables civiles subsidiarias a Altadis, Vitalia CCOO y UGT.

| A. Jiménez España

El escándalo de los ERE sigue siendo una losa sobre el PSOE y sobre Susana Díaz. La pupila de Chávez y Griñán tendrá que lidiar con un nuevo juicio que deja al descubierto lo peor de la corrupción en la Junta de Andalucía y lo hará además, en vísperas de unas elecciones andaluzas previstas para el año próximo. De hecho, ahora una nueva pieza separada vuelve a sentar en el banquillo a ocho personas, entre ellas dos altos cargos del Gobierno regional y cuatro sindicalistas por las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta concedió a la empresa tabaquera Altadis entre los años 2004 y 2010 por un importe total de 35.400.789,37 euros.

Así, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas. El magistrado toma esta decisión "por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos" de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación.

 De este modo, acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado como responsables penales contra estas ocho personas: el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera; el ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde; un directivo de Altadis; dos representantes del sindicato UGT, uno de los cuales fue secretario general del sindicato, en concreto Francisco Fernández Sevilla; dos representantes de CCOO y un responsable y directivo de la mediadora Vitalia S.A.. Asimismo, el juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra Altadis, Vitalia, CCOO y UGT.

En su auto, el juez explica que el objeto de esta pieza separada lo constituye "la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales concedidas" por la Dirección General de Trabajo de la Junta a la empresa Altadis S.A. entre los años 2004 y 2010, periodo en el que "habrían sido concedidas de manera ilícita y arbitraria dichas ayudas por importe de -al menos- 35.400.789,37 euros".

Repartieron las ayudas de forma "arbitraria" y sin competencia para ello

Según el escrito, dichas ayudas "carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad", a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo "sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (...), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos".

Asimismo, y según el instructor, "la selección de las correspondientes entidades aseguradora y mediadora se habría llevado a cabo de forma arbitraria, sin observancia de procedimiento administrativo alguno, siendo así que, incluso, Vitalia -entidad que intervino como mediadora en las pólizas de seguro suscritas como mecanismo ilícito de financiación de las ayudas- no tenía autorización para operar como correduría de seguros en Andalucía".

"En definitiva, no existe en todo el expediente administrativo relativo a su otorgamiento, obrante en autos, ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones", asevera el magistrado, que, por todo ello, acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado contra las ocho personas referidas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.