23 de Enero de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias

La Fiscalía del Supremo pide al juez que siga investigando a Iglesias

El informe de los fiscales quiere que García Castellón realice nuevas diligencias antes de tomar un decisión acerca del futuro procesal del vicepresidente del Gobierno

| A. J. España

Las pesquisas judiciales en torno al 'caso Dina' y que acorralan a Pablo Iglesias deberán continuar. Así lo ha establecido el informe elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo que pide que se devuelva la causa al instructor, el juez Manuel García-Castellón, para que realice nuevas diligencias que consideran imprescindibles para que se pueda pronunciar sobre el futuro del vicepresidente.

En esta decisión han participado ocho fiscales de Sala del alto tribunal, que se han reunido en varias ocasiones para analizar si veían indicios de revelación de secretos, daños informáticos y simulación de delito en la conducta del líder morado y emitirán un informe rubricado por Pilar Fernández Valcárcel en el que se muestran contrarios a abrir por el momento una causa contra Iglesias ya que faltan cuestiones por aclarar.

De hecho, consideran necesario que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 certifique si la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, se considera o no perjudicada por una presunta actuación del que fuera su jefe en relación con el robo de su teléfono móvil y el acceso que éste pudo tener a sus datos personales cuando la tarjeta le fue devuelta por un periodista.

 Pese a que los fiscales Anticorrupción solicitaron al juez García-Castellón que llamara a declarar a Bousselham para aclarar estos extremos, el magistrado elevó su exposición razonada al Supremo sin realizar antes esta citación, una cuestión que la Fiscalía del Supremo considera que debería haber sido resuelta por el instructor del caso antes de elevar el caso al Supremo contra Iglesias, dada su condición de aforado.

En su escrito, García Castellón acusaba a Iglesias de ocultar "a Dina Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria", algo que él ya admitió y que justificó alegando que solo pretendía proteger a su asesora y además de señalar que una vez que el dispositivo fue devuelto, ya estaba deteriorado.

De hecho, la exposición razonada señalaba que "llama la atención" que Iglesias "mantuvo la tarjeta en su poder, sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la tarjeta, pese a ser consciente de todo lo anterior, y observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham".

 Además, García Castellón atribuye también a Iglesias la simulación de un delito, por presentar la desaparición del teléfono de la asesora "como un encargo realizado por el Gobierno del PP" al excomisario en prisión José Manuel Villarejo, "en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos" y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.

Por el momento, la Sala de lo Penal del Supremo ya ha designado ponente sobre la apertura o no de la causa al magistrado Andrés Palomo del Arco. Su propuesta tendrá que ser refrendada por una mayoría del resto de la Sala, que está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres. Cuatro de ellos ya sentaron en el banquillo y condenaron a los independentistas del 'procés' y ahora tienen en sus manos el futuro de Iglesias.