Calvo impide al Consejo de Estado publicar el dictamen que ella mismo encargó

La ama de llaves es Carmen Calvo. Es ella, la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la única que puede hacer que aparezca el misterioso -y según el PP y Cs "demoledor"- dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre el decreto ley de los fondos europeos. 

Fuentes de este último consultadas por ESdiario explican que, sin autorización del órgano consultante -el Ministerio de Calvo en este caso- ellos ni pueden hacer ni harán público el documento. "Lo tiene que autorizar Calvo, Presidencia. Y si Presidencia no quiere hacerlo público, nosotros tenemos que respetarlo".

Así funciona. O funcionaba hasta ahora, porque el PP y Cs han pedido formalmente el dictamen, y con arreglo a la Ley de Transparencia pueden acabar haciéndose con él aunque la número dos de Pedro Sánchez se resista.

El asunto se convirtió este miércoles en el eje del debate político tras conocerse que el Gobierno había pedido al máximo órgano consultivo del Estado su opinión acerca del real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que después lo borró por completo del texto publicado en el BOE el 31 de diciembre.

Lo ignoró. En todo el real decreto no hay una sola alusión a él. Hay más. Según ha podido confirmar este periódico, el dictamen ni siquiera fue abordado en una de las reuniones ordinarias que la Comisión Permanente del Consejo del Estado mantienen todos los jueves para despachar los asuntos. 

Calvo pidió al Consejo de Estado que se pronunciara de urgencia

Y no fue así porque la vicepresidenta Calvo pidió al Consejo que se pronunciara de urgencia. De modo que la presidenta de este último, María Teresa Fernández de la Vega, convocó una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente el lunes 21 de diciembre, un día antes del Consejo de Ministros en el que se aprobaría el real decreto-ley. La reunión de la Permanente se celebró de forma telemática y en ella se aprobó el famoso dictamen, que fue enviado al Ministerio de Presidencia. 

Desde el Consejo de Estado explican que no es tan extraño que el Gobierno pida un pronunciamiento de urgencia (cuando lo hace el órgano consultivo tiene un plazo máximo de diez días para resolver) y añaden que en este caso el Ejecutivo no estaba obligado a consultar al Consejo de Estado. Y que, en todo caso, el dictamen no era vinculante: Presidencia podía usarlo, entero o parte de él, o no usarlo. 

Sin embargo, el PP asegura que el Gobierno tenía que haber incorporado el pronunciamiento del Consejo de Estado cuando envió el texto al Congreso. Puesto que está obligado a suministrar toda la información al Parlamento para que pueda valorar adecuadamente si la norma puede ser convalidada o no. Mucho más cuando, como en este caso, va a tramitarse como proyecto de ley. Y que al no hacerlo ha incurrido en "un grave vicio del procedimiento que puede hacer nulo el decreto".

Un letrado en Cortes recuerda a este periódico que el artículo 109 del Reglamento del Congreso establece que los proyectos de ley remitidos por el Gobierno, como éste de los fondos europeos, "irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos".

Entre los antecedentes necesarios, si el Ejecutivo ha solicitado informe del Consejo de Estado porque lo considera conveniente (aunque no sea preceptivo), lo natural y con arreglo al artículo 26.7 de la Ley del Gobierno debe incorporarlo al expediente, como "antecedente necesario", informa María Jamardo.

El documento llegó a oídos del PP y Cs, que lo califican de 'demoledor'

La cuestión es que, tras leer el dictamen de la discordia, Calvo eligió obviarlo. Pero el documento llegó a oídos -que no a manos- del PP y de Ciudadanos, que ahora piden que se haga público. El Consejo de Estado les ha dicho que vayan a la ventanilla del Gobierno. Y el Gobierno, que no van a caer en sus trampas y que dejen la "propaganda". 

¿Quién tiene el dictamen?

El texto definitivo solo obra en poder de Calvo, de Fernández de la Vega y de los nueve consejeros permanentes y la secretaria general del Consejo de Estado. Entre estos últimos se encuentran Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución; el exjefe de la Casa del Rey Alberto Aza Arias; la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Adela Asua Batarrita y Fernando Ledesma Bartret, quien fuera ministro de Justicia con Felipe González. 

Todos comandados por Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero en un gabinete del que también formó parte en su día la propia Carmen Calvo. 

"Nosotros no nos metemos en cuestiones políticas, no es nuestra función", concluyen desde el Consejo de Estado.